Hemos propuesto que, para tener un país competitivo y justo, la meta debe concretarse en seguridad, salud y educación. Lograrlo implica destinar cantidades muy importantes de recursos a estas actividades, pero también renovar el capital humano en ellas. Dicho más claro, necesitamos hacerlo con otras personas, no con las que están. En su totalidad en el caso de educación, lo mismo en el caso de seguridad pública (pero no nacional), y una proporción que habrá que definir en el caso de salud.
Para sostener ese esfuerzo, la base retórica tendría que ser la libertad: de pensamiento, organización y comercio. Esto es obligado tanto por la necesidad de generar la riqueza necesaria para alimentar lo que plantea el párrafo anterior, como por la obligación de dotar de legitimidad al esfuerzo común. La traducción práctica es contar con ciudadanos libres que acepten cumplir reglas comunes a todos, y aportar proporcionalmente para financiar las bases de seguridad, salud y educación que den viabilidad al país.
En México, es muy claro que no todos caen en esa definición, porque el régimen de la Revolución nunca estuvo interesado en crear ese tipo de persona. Por el contrario, intentó evitarlo, y cuando los procesos naturales de urbanización e industrialización dieron lugar a un creciente número de ciudadanos, los enfrentó: en 1968, en 1988, en 2018. Con violencia, fraude, o simple engaño, el viejo régimen ha querido sobrevivir a costa de la viabilidad del país.
Pero la proporción de ciudadanos que quieren ser libres y construir un país exitoso ha seguido creciendo, y parte de quienes cayeron en el engaño han regresado a sus sentidos. Así lo muestra la encuesta de Alejandro Moreno del pasado 21 de agosto, y lo confirma la preocupación del grupo en el poder acerca de las elecciones en las ciudades. Con las elecciones en manos del grupo gobernante, los resultados de 2027 son dudosos, y podríamos entrar en un periodo de conflictos parecido al que vivimos en los 80, pero ahora en un contexto mucho más violento.
Lo relevante, para el análisis que hemos estado haciendo, no es qué pasará en esas elecciones, y tal vez tampoco en 2030. Lo que importa es si esa ciudadanía incipiente alcanza para convertirse en masa crítica para el cambio de rumbo.
No se trata de un simple ajuste, como los ocurridos en ese breve periodo democrático que vivimos, sino de un paso fundamental para México: enterrar a Lázaro. Es lo que debimos hacer en 1982, frente al gran fracaso del segundo intento cardenista, pero la fragilidad financiera y política no lo permitieron. Es lo que se intentó con el Pacto por México, pero sus impulsores no tuvieron suficiente perspectiva, coraje ni habilidad. La reacción a ese intento, el tercer cardenismo, está sirviendo para confirmar que ese camino es no solo inviable, sino indeseable.
Por consiguiente, tenemos una primera conclusión: necesitamos construir una propuesta que reconozca el fracaso del régimen fundado por Lázaro Cárdenas; que haga explícitos los costos que tuvo; que plantee como objetivos deseables los propuestos en los dos primeros párrafos. Este nuevo discurso puede asirse de la propuesta liberal mexicana del siglo XIX, perfectamente compatible, pero además aceptable para los mexicanos.
Se trata de terminar con la farsa del indigenismo, del Estado rector, el pobrismo y el paternalismo, por poner ejemplos claros. Sin eso, México no es viable hacia el resto del siglo XXI. Unos pocos enclaves de exportación en medio de un mar de corrupción y crimen organizado no alcanzan para mantener cien millones de habitantes, lo estamos viviendo.
Es el discurso el que hace posible la “comunidad imaginada”, las instituciones promotoras del crecimiento, al mismo Estado de derecho. Sin enterrar a Lázaro, nada de eso es posible. A trabajar en ello.
