El traslado de las salas de juicios civiles y penales de Hidalgo del Parral a la ciudad de Chihuahua desató una nueva confrontación entre abogados, empresarios y autoridades judiciales, al considerar que la medida representa un retroceso en el acceso a la justicia para los habitantes de la región sur del estado.

Durante una reunión con la magistrada presidenta Marcela Herrera, así como con Yamil Athie, Elizabeth Macías y el diputado Guillermo Ramírez, litigantes y representantes empresariales de distintos municipios expusieron su rechazo a la desaparición de las salas en Parral. Los abogados cuestionaron que la decisión pueda vulnerar los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos, además del impacto económico que implicaría para ciudadanos, empresas y abogados trasladarse hasta Chihuahua para atender asuntos judiciales.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la propuesta del Tribunal de crear dos nuevas plazas para jueces penales, debido a que no existe claridad sobre cómo podrían concretarse, considerando que los actuales jueces fueron electos. Los abogados advirtieron que modificar esta estructura podría generar problemas jurídicos y políticos, además de cuestionar si el Tribunal cuenta con facultades expresamente establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica para cambiar la sede de las salas.

Desde el Tribunal se argumentó que la modificación forma parte de una reorganización judicial encaminada a generar beneficios en otros distritos. También se planteó que la variación de criterios jurídicos permitiría evitar que los asuntos quedaran sujetos a una sola interpretación; sin embargo, los litigantes respondieron que esto podría terminar afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos. Tras el encuentro, los abogados señalaron que no hubo compromiso para revertir la decisión, por lo que la reunión quedó únicamente como un intercambio de planteamientos.

Los abogados y empresarios de Hidalgo del Parral y la región sur adelantaron que mantendrán la defensa de las salas y recurrirán a los mecanismos legales disponibles, incluido el juicio de amparo, para intentar frenar el traslado. Entre los participantes estuvieron Juan de Dios Loya, Marco Loya, Patricia Domínguez, Luis Carlos Campos, Mariano Cordero y Rafael Álvarez, además de representantes empresariales y litigantes de la región, quienes insistieron en que la permanencia de las salas es indispensable para garantizar un acceso efectivo a la justicia.