El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y de comités del Congreso, ha incrementado las acciones legales y de supervisión dirigidas contra organizaciones, medios de comunicación y activistas a los que vincula con presuntas operaciones de influencia relacionadas con el gobierno de Cuba. Entre los señalados figuran medios digitales, organizaciones sociales y el exvicepresidente de España, Pablo Iglesias, quien rechaza las acusaciones.

De acuerdo con un informe citado por medios internacionales, el Congreso estadounidense emitió citatorios (subpoenas) para que diversas organizaciones entreguen comunicaciones internas y documentación. Entre ellas se encuentra el medio digital BreakThrough News, cuyos directivos sostienen que estas medidas buscan intimidar al periodismo independiente y limitar la libertad de prensa. Las autoridades estadounidenses argumentan que investigan posibles redes de influencia extranjera, mientras que los señalados niegan actuar bajo instrucciones de gobiernos extranjeros.

Pablo Iglesias afirmó que su inclusión en los documentos responde a sus posturas políticas y a su oposición al embargo contra Cuba. El exfuncionario español sostuvo que se pretende criminalizar determinadas ideas políticas y advirtió sobre lo que considera una utilización del sistema judicial para generar temor entre periodistas, activistas y dirigentes de izquierda.

El caso ha generado debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de la libertad de expresión. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que busca prevenir operaciones de influencia extranjera, las organizaciones y personas señaladas consideran que las medidas representan un intento de desalentar el activismo político y el trabajo periodístico mediante acciones legales y requerimientos de información.