HABLANDO Y ESCRIBIENDO

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.- La absolución del profesor Héctor Tarango Trujillo no es un hecho aislado ni un simple desenlace procesal. Es el retrato de un sistema que, cuando falla en investigar, se condena a sí mismo a la impunidad.

Este caso deja una línea divisoria muy clara: de un lado, una jueza que honró su función constitucional; del otro, una estructura de investigación que no estuvo a la altura de su responsabilidad.

La jueza Michelle Gloria Estela Rodarte López no tenía un contexto sencillo. Su propia trayectoria dentro de la Fiscalía pudo haber condicionado su actuación. No ocurrió. Hizo exactamente lo contrario: se desmarcó de cualquier sesgo institucional y resolvió con independencia, técnica y carácter.

Su decisión fue incómoda, pero correcta. Separó lo que muchos intentan confundir deliberadamente: creerle a una víctima no equivale a acreditar la responsabilidad de un acusado. Reconoció la agresión, validó el daño, protegió a la menor, pero se negó a condenar sin pruebas. Así de simple, así de contundente.

En tiempos donde la presión social empuja a resolver “en conciencia” y no con evidencia, su actuación representa lo que debería ser la regla y no la excepción: una justicia que no negocia el estándar probatorio.

Y aún más: su determinación de mantener las medidas de protección para la menor, incluso tras la absolución, demuestra que el garantismo no está peleado con la sensibilidad y un humanismo a toda prueba. Se puede ser firme con la ley sin abandonar a la víctima.

Pero hay una pregunta que atraviesa todo el caso y que la propia juzgadora dejó en el aire, con la fuerza de quien entiende el peso de sus palabras: si no existía evidencia suficiente para acreditar la responsabilidad del imputado, ¿cómo se justificó que pasará casi dos años privado de su libertad?

La interrogante no es menor. Es, en realidad, el núcleo del problema.

En la otra esquina, la Fiscalía.

Aquí no hay matices: el caso se perdió mucho antes de llegar a juicio. No por falta de discurso, sino por ausencia de investigación.

La agente del Ministerio Público Karla Guadalupe Lara, en audiencia mostró preparación, profesionalismo y una defensa combativa de su teoría del caso. Litigó con seriedad, con técnica y con compromiso. Pero litigó, hay que decirlo con claridad, sobre un expediente roto.

La pregunta no es por qué no ganó el caso en juicio. La pregunta es por qué llegó así.

¿Cómo se explica que, teniendo conocimiento inmediato de los hechos, no se aseguran videos clave? ¿Por qué no se agotaron herramientas básicas como la geolocalización? ¿Dónde quedaron los testigos señalados desde el inicio? ¿Por qué no se sostuvieron las hipótesis con peritajes serios?

No son omisiones menores. Son fallas estructurales.

A ello se suma una práctica igual de grave: la revictimización institucional. Múltiples entrevistas, dilaciones injustificadas y ausencia de protocolos oportunos no solo debilitaron la prueba, también afectaron la integridad de la menor. El sistema que debía protegerla terminó destruyendo su propio caso.

Y mientras todo eso ocurría, una persona permanecía en prisión.

Ese es el punto que no puede normalizarse: un Estado que no logra investigar con solidez, pero que sí logra privar de la libertad. Un aparato que falla para probar, pero funciona para encerrar.

El resultado es el peor escenario posible: hay una víctima, hay un hecho, pero no hay responsable. Y al mismo tiempo, hay un ciudadano que pasó años en prisión sin que se acreditara su culpabilidad.

Esto no es un error menor. Es una advertencia.

Porque cuando el Estado no investiga bien, no solo pierde casos: afecta vidas, erosiona derechos y compromete su propia legitimidad.

Este caso deja una lección incómoda pero necesaria: no basta con tener buenos jueces ni fiscales capaces en juicio. Sin investigaciones sólidas, todo el sistema se vuelve decorativo.

La jueza cumplió. La agente del Ministerio Público dio la cara con lo que tenía. Pero la institución falló donde más importa: en construir la verdad desde el inicio.

Y cuando el Estado falla ahí, no hay sentencia que repare el daño.

Solo queda la impunidad. Y en este caso, también una libertad que llegó demasiado tarde.

Y hay una pregunta que no puede quedar fuera de esta historia: ¿quién repara el daño?

Porque aquí no solo hubo un proceso penal fallido. Hubo una vida trastocada. Casi dos años en prisión no son una cifra, son tiempo perdido con la familia, ruptura de vínculos, estigmatización social y la destrucción de una trayectoria profesional.

La absolución devuelve la libertad, pero no borra el daño.

¿Qué pasa con el daño moral? ¿Quién responde por la reputación destruida, por el señalamiento público, por las oportunidades que ya no regresan? ¿Quién asume el costo de haber encarcelado sin poder probar?

Si el Estado puede privar de la libertad sin evidencia suficiente, también debe hacerse responsable cuando se equivoca.

De lo contrario, el mensaje es claro y peligroso: se puede destruir una vida… y no pasa nada.

·      ABOGADO LITIGANTE, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE JURISTAS “JORGE MAZPULEZ PÉREZ”, VOCERO DE LA FECHCA Y MIEMBRO DE LA AECHIH