Noticias Chihuahua:
La directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez, se convirtió en el centro de la polémica al publicar un video en redes donde respalda abiertamente al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien es uno de los perfiles fuertes en la “galopada” por la alcaldía de Chihuahua.
Dicho pronunciamiento generó divisiones en círculos panistas; mientras algunos ven en De la Peña (con pasado en el PRI) una opción viable, otros (partidarios del exfiscal César Jáuregui, el más fuerte aspirante) reaccionaron con críticas duras hacia Martínez.
El propio De la Peña agradeció el apoyo, la calificó como “capaz y con experiencia”, pero lamentó la polarización. Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, advirtió que este tipo de posturas “no abonan a la unidad” dentro de Acción Nacional.
Ya circulan rumores fuertes, pues se dice de manera extraoficial que varios militantes habrían solicitado que el caso sea revisado por la Comisión de Honor y Justicia del partido, e incluso se menciona que ya fue presentada una denuncia formal para evaluar posibles sanciones, incluso se habla de una posible expulsión.
El partido necesita cerrar filas rumbo a 2027, estos episodios revelan fisuras interesantes. Apoyar públicamente a un aspirante no debería ser causal de linchamiento interno, pero la lealtad a figuras y el control de la narrativa parecen pesar más que la unidad. Si el partido opta por sancionar a Martínez, enviaría un mensaje claro: aquí no hay espacio para disidencias tempranas.
Si algo hay que reconocerle a la clase política mexicana es su enorme capacidad para sorprender. Cuando uno cree haber escuchado todo, aparece una nueva declaración que obliga a replantear los límites de la lógica, el sentido común y hasta el instinto de supervivencia política. Esta semana, en los pasillos del Congreso del Estado, la discusión sobre soberanía nacional terminó convirtiéndose en una especie de casting para ver quién obtiene el premio al argumento más extravagante del año.
Mientras diputados del PAN y Morena intercambiaban acusaciones sobre el fracaso de la renovación del T-MEC, la crisis de confianza internacional y el caso de Rubén Rocha Moya, surgió una pregunta incómoda para los guindas: ¿qué es más importante, proteger a inversionistas extranjeros que generan empleo o proteger a quienes forman parte de grupos criminales? La respuesta atribuida al coordinador morenista Cuauhtémoc Estrada fue digna de una antología del disparate político: al menos los narcotraficantes son mexicanos y, como mexicanos, también tienen derechos.
La declaración habría pasado como una anécdota de pasillo de no ser porque encaja perfectamente con una narrativa que Morena ha venido construyendo desde hace años. Porque, siendo sinceros, Cuauhtémoc Estrada no inventó nada nuevo. Más bien pareció alumno aplicado repitiendo la lección aprendida. Ahí están las expresiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las posturas de la senadora Andrea Chávez y los posicionamientos del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, todos orbitando alrededor de una idea semejante: primero los mexicanos, sean quienes sean, y nada de injerencias extranjeras.
Siguiendo esa lógica, pronto podríamos ver campañas de orgullo nacional bastante peculiares. «Consume local», dirían algunos. «Protege al talento mexicano», dirían otros. Y al paso que vamos, faltaría que alguien propusiera un distintivo de calidad patriótica para los cárteles porque, después de todo, son emprendimientos 100 por ciento nacionales, generan movimiento económico y además tienen acta de nacimiento mexicana.
Lo verdaderamente fascinante es observar cómo el concepto de soberanía ha evolucionado. Antes significaba independencia, instituciones fuertes y capacidad del Estado para imponer la ley. Ahora parece significar que cualquier crítica extranjera es mala, cualquier observación internacional es un ataque imperialista y cualquier delincuente nacido en México merece entrar al debate público envuelto en la bandera nacional.
Desde luego, nadie discute que cualquier persona tenga derechos humanos y garantías constitucionales. Eso ocurre en cualquier democracia. Lo que resulta insólito es que algunos dirigentes parezcan más preocupados por aclarar los derechos de los criminales que por explicar los derechos de las víctimas, de los comerciantes extorsionados, de las familias desplazadas o de los empresarios que deciden irse porque simplemente no encuentran condiciones para invertir.
Y entonces se entiende por qué los adversarios de Morena insisten tanto en señalar una supuesta tolerancia hacia el crimen organizado. No porque exista una prueba definitiva en cada caso, sino porque declaraciones como éstas funcionan como gasolina sobre una fogata que lleva años encendida. Cuando un político abre la puerta a interpretaciones tan desafortunadas, luego no debería sorprenderle que medio país entre a curiosear.
La ironía más grande es que todo esto ocurre mientras México intenta convencer al mundo de que es un destino seguro para las inversiones, confiable para los tratados internacionales y comprometido con el Estado de Derecho. No es precisamente la mejor estrategia de relaciones públicas escuchar a dirigentes políticos debatir quién merece más comprensión: el inversionista que arriesga su capital o el criminal que viola la ley.
Tal vez el problema no sea la soberanía. Tal vez el problema sea que algunos han llevado el nacionalismo a un punto tan extremo que terminaron confundiendo el amor a la patria con una defensa involuntaria de quienes más daño le han hecho. Porque una cosa es poner primero a México, y otra muy distinta es terminar poniendo a los delincuentes en la fila VIP del patriotismo.
En los pasillos de la Fiscalía General del Estado cada vez toma más fuerza el rumor sobre quién podría relevar el puesto que ocupará César Jáuregui en la dependencia los nombres que más se mencionan aparecen Wendy Chávez, Carlos Salas y Francisco Saez (que en actualmente es el encargado de despacho de la dependencia), todos con trayectoria dentro del ámbito de procuración de justicia.
Sin embargo, dentro de esas versiones, el nombre que más suena es el de Wendy Chávez, a quien varios consideran la principal carta para asumir la conducción de la institución. Incluso, entre el personal, ya la ubican como la «gallina» más fuerte de la terna informal que circula al interior de la dependencia.
Actualmente, Wendy Chávez tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con el caso de la CIA, expediente que ha concentrado la atención pública y que representa una de las indagatorias más relevantes que enfrenta la Fiscalía. Aunque hasta el momento no existe una postura oficial sobre un eventual relevo, las especulaciones continúan creciendo en los corredores de la dependencia.Si buscas un tono más de columna política o de trascendidos, puedo hacerlo con mayor carga de ironía y lenguaje coloquial.
