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El nombramiento de Enrique Alonso Rascón Carrillo como titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas ha generado cuestionamientos debido a que en sus recientes declaraciones ya no se presentan cifras sobre personas desplazadas, a diferencia de etapas anteriores en las que se difundían datos de manera más constante.

El funcionario ha señalado que la información oficial sobre desplazamiento corresponde a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), encabezada por Norma Ledezma, por lo que desde su dependencia se ha limitado la entrega de estadísticas, pese a que la Secretaría mantiene intervención en la atención de familias desplazadas, principalmente en regiones como Guadalupe y Calvo, sin detallar cuántas pertenecen a pueblos originarios.

La falta de datos ha generado dudas sobre el alcance de las acciones institucionales, al no contar con cifras actualizadas que permitan dimensionar el trabajo realizado, lo que mantiene cuestionamientos sobre la transparencia en la atención de personas en situación de desplazamiento.

El Gobierno Federal volvió a golpear las finanzas estatales y Chihuahua afronta una reducción de más de 1,300 millones de pesos en las participaciones federales, lo que ha obligado a la gobernadora Maru Campos a ordenar un recorte del 30% en el gasto de todas las secretarías estatales.

Lejos de ser un ajuste menor, esta medida refleja la fragilidad de un sistema donde los estados dependen en gran medida de recursos que la federación reparte discrecionalmente. Mientras el centro concentra más poder y recursos, los gobiernos locales terminan pagando los platos rotos con menos obra, menos salud y menos capacidad operativa.

Y aunque Maru Campos asegura que se protegerán programas prioritarios, la realidad es que áreas sensibles como Salud y Obra Pública están heridas.

Este panorama demuestra nuevamente la necesidad de que los estados exijan una distribución más justa de los recursos y mayor autonomía fiscal. No se puede seguir castigando a las entidades que mejor administran sus finanzas solo para mantener un centralismo ineficiente. Chihuahua y el resto de los estados merecen un federalismo colaborativo, no migajas que terminan recortando el futuro de sus ciudadanos.

En el siempre movido tablero político rumbo al 2027 en Chihuahua, comienzan a perfilarse alineamientos internos que, más allá de los nombres, revelan tensiones anticipadas dentro de los distintos grupos que buscan influencia en la próxima elección municipal.

De acuerdo con versiones que circulan en el ámbito político local, los regidores Issac Díaz y Félix Martínez estarían mostrando una inclinación clara de respaldo hacia el ex fiscal César Jáuregui Moreno como posible perfil para la alcaldía de la capital del estado.

Estas mismas versiones apuntan a que ambos regidores no verían con buenos ojos una eventual candidatura proveniente del PRI, particularmente la del secretario de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda, a quien algunos actores consideran dentro de las opciones de continuidad institucional. Sin embargo, hasta el momento, no hay posicionamientos públicos que confirmen de manera directa dichas preferencias, por lo que el tema se mantiene en el terreno de la lectura política y la especulación interna.

En los pasillos del poder también se comenta que estas definiciones tempranas podrían estar influyendo en la estrategia de los propios regidores, quienes eventualmente podrían concentrarse en proyectos personales rumbo a futuras diputaciones si el escenario no favorece a su grupo político de preferencia.

En contraste, el nombre de la diputada Manque Granados aparece mencionado en menor medida dentro de estas conversaciones, sin que hasta ahora se perciba un impulso claro por parte de los actores referidos.

Más allá de las simpatías o reservas individuales, lo que este tipo de movimientos evidencia es una realidad recurrente en la política local: las definiciones anticipadas suelen marcar distancia entre grupos, aun cuando el discurso público insista en la unidad como condición indispensable rumbo al 2027. Y es precisamente ahí donde radica el reto mayor para los distintos actores políticos: construir acuerdos antes de que las diferencias se conviertan en fracturas irreversibles