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Lo que hoy reflejan las encuestas sobre la gobernadora Maru Campos no debería sorprender a quienes han seguido de cerca la dinámica política entre Chihuahua y el Gobierno Federal. De hecho, este escenario ya había sido anticipado en una columna publicada el pasado 28 de abril, cuando se advirtió que la estrategia de confrontación impulsada desde el centro del país podría terminar generando el efecto contrario al buscado. Ahora, incluso voces nacionales como Ricardo Alemán coinciden en que la ofensiva política emprendida desde Palacio Nacional no debilitó a la mandataria estatal, sino que fortaleció su posición frente a la opinión pública. La narrativa de una gobernadora enfrentando presiones externas terminó por consolidar una imagen de firmeza que encontró respaldo entre amplios sectores de la ciudadanía.

Los números respaldan esa percepción. Diversas mediciones realizadas durante mayo, cuando ya estaba plenamente desarrollado el conflicto político iniciado semanas antes, colocan a Maru Campos entre los gobernadores mejor evaluados del país. Mientras algunos apostaban por un desgaste acelerado, las encuestas muestran exactamente lo contrario: un incremento en los niveles de aprobación y reconocimiento ciudadano. El saldo político parece claro; cada ataque y cada desencuentro contribuyeron a reforzar la idea de una mandataria defendiendo los intereses de Chihuahua frente al poder central. En términos políticos, Morena terminó pagando un costo inesperado, pues en su intento por restarle fuerza a la gobernadora terminó otorgándole algo mucho más valioso: mayor respaldo social, legitimidad y un capital político que hoy se refleja de manera contundente en los estudios demoscópicos.

Hay una vieja frase que dice que cuando una herramienta sirve para todo, termina sirviendo para nada. Algo parecido parece estar ocurriendo con la figura de violencia política en razón de género, una de esas reformas que nacieron con una intención legítima, pero que con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en un instrumento tan amplio que ya nadie sabe exactamente dónde empieza la protección y dónde termina la censura.

La discusión volvió a la mesa luego de que la activista y abogada Marcela Torres hiciera público que fue denunciada ante el Instituto Estatal Electoral por presunta violencia política en razón de género. Más allá de quién tenga la razón jurídica en este caso particular, el asunto abre una pregunta incómoda: ¿no se suponía que esta figura estaba diseñada para proteger a las mujeres de agresiones derivadas de relaciones de poder históricamente desiguales? Porque resulta que aquí no estamos hablando de un político machista atacando a una candidata por ser mujer.

Tampoco de un funcionario utilizando recursos públicos para menospreciar a una contendiente. Estamos hablando, según lo conocido públicamente, de una controversia entre mujeres. Y ahí es donde la realidad se empeña en arruinar los discursos simplistas. Durante años se vendió la idea de que la violencia política de género era una especie de detector automático de machismo. Que bastaba identificar una crítica dirigida a una mujer para empezar a buscar el componente discriminatorio. El problema es que la política es confrontación.

Es debate. Es denuncia. Es crítica. Y cuando las definiciones legales se vuelven demasiado elásticas, cualquier desacuerdo corre el riesgo de terminar en un expediente. Lo curioso es que muchos de los sectores que impulsaron estas figuras legales insistieron en que no había riesgo alguno de abusos. Que las autoridades sabrían distinguir perfectamente entre una agresión basada en el género y una crítica legítima. Que las denuncias temerarias serían excepcionales. Que no había nada de qué preocuparse.

La práctica, como suele ocurrir, tuvo otros planes. Hoy vemos procedimientos por publicaciones en redes sociales, declaraciones incómodas, cuestionamientos públicos y opiniones que, dependiendo de quién las interprete, pueden ser consideradas violencia política o simple libertad de expresión. La frontera se ha vuelto tan difusa que la discusión ya no gira en torno a los hechos, sino a quién logra encuadrarlos primero dentro de la figura jurídica. Y así llegamos a la ironía del momento: personas que durante años defendieron la expansión de estas herramientas ahora descubren que también pueden ser objeto de ellas. No porque exista una conspiración.

No porque alguien haya secuestrado la ley. Sino porque las leyes ambiguas tienen esa costumbre desagradable de aplicarse en direcciones que sus promotores nunca imaginaron. Es el equivalente jurídico de fabricar un búmeran y sorprenderse cuando regresa.

La lección debería servir para algo más profundo que una simple disputa entre particulares. Quizá sea momento de replantear si toda crítica hacia una mujer en la esfera pública debe analizarse automáticamente bajo el lente de la violencia política de género.

Quizá sea momento de reconocer que las mujeres también pueden confrontar, denunciar, cuestionar y hasta atacar políticamente a otras mujeres sin que cada conflicto sea necesariamente una manifestación de discriminación estructural. Porque si todo es violencia política de género, entonces nada lo es.

Y cuando una figura legal pierde precisión, pierde legitimidad. Las verdaderas víctimas encuentran más difícil obtener justicia y los organismos electorales terminan convertidos en árbitros de discusiones que deberían resolverse en el terreno del debate público. Al final, la pregunta no es si Marcela Torres tiene razón o no en este caso específico.

La pregunta es si una democracia sana puede sobrevivir cuando la línea entre disentir y violentar depende más de la interpretación política del momento que de criterios claros y objetivos. Porque una ley que puede aplicarse a cualquiera, por cualquier cosa y desde cualquier trinchera, tarde o temprano termina aplicándose precisamente a quienes creían que jamás los alcanzaría.

Si alguien salió más contento que nadie de la celebración por el segundo aniversario del triunfo de Claudia Sheinbaum, seguramente fue el proveedor de sillas. Porque si algo quedó claro en Juárez es que hubo gente. Mucha gente. Bastante gente.

El problema es que después vino la pregunta incómoda. ¿De quién era la gente? Y ahí fue cuando empezó el concurso estatal de hacer como que no pasa nada.

Porque mientras algunos personajes morenistas se tomaban fotos, se daban abrazos y presumían unidad, en el fondo de la fotografía aparecía un detalle imposible de esconder: el músculo político que llenó buena parte de la plaza tiene nombre y apellido.

Y no era precisamente el de quienes pasan más tiempo explicando por qué deberían ser candidatos que construyendo una estructura política. En Chihuahua, les guste o no les guste, les caiga bien o les caiga mal, el personaje que ha logrado consolidar una maquinaria electoral visible es Cruz Pérez Cuéllar. Es el activo político más rentable que tiene Morena y eso parece causar urticaria en algunos sectores del movimiento.

Por ejemplo, está Andrea Chávez, que desde hace tiempo se mueve como si la candidatura ya viniera incluida en la credencial de Morena. También aparece Mayra Chávez, que observa el tablero político como quien espera que el tren correcto llegue a la estación adecuada.

Y qué decir de Ariadna Montiel, a quien algunos ya bautizaron como la presidenta con «A» de Morena, aunque la estructura formal diga otra cosa. El detalle es que ninguna de ellas parece cómoda reconociendo una realidad elemental: hoy por hoy, quien trae la batuta política del morenismo chihuahuense no despacha en el Senado, ni en una delegación federal, ni en una oficina partidista.

Despacha en la Presidencia Municipal de Juárez y eso duele porque en política mexicana existe una enfermedad muy común: la soberbitis aguda. Sus síntomas incluyen creerse candidato antes de serlo, sentirse invencible sin haber ganado nada y asumir que los votos aparecen por generación espontánea.

Pero mientras algunos padecen la enfermedad, otros hacen estructura y por desgracia para los soberbios, suele ganar elecciones. Por eso tampoco sorprenden las diferencias internas que cada vez son más visibles entre la dirigencia estatal.

Por un lado, la presidenta estatal, Bridgitte Granados, intenta mantener el equilibrio de un partido donde todos quieren ser generales y nadie quiere ser soldado. Por otro lado aparece Hugo González, presidente del Consejo Estatal, quien parece tener bastante más claro hacia dónde apuntan las simpatías reales de buena parte de la militancia.

Entre ambos, cuentan los enterados, las coincidencias son cada vez menos frecuentes que los días frescos en Chihuahua durante junio. Mientras tanto, la militancia observa un espectáculo fascinante. Un grupo insiste en que la candidatura debe construirse desde los cargos nacionales. Otro cree que debe surgir desde el partido. Y un tercero simplemente señala la plaza llena en Juárez y pregunta:

«¿No sería más sencillo apoyar al que sí trae gente?» Pero parece que esa pregunta incomoda demasiado. Porque aceptar que Cruz encabeza actualmente las preferencias internas implicaría que varios proyectos personales tendrían que pasar a la fila.

Y nadie en política forma años para ser protagonista con la intención de convertirse en actor secundario. Así que continúa la competencia peculiar donde algunos intentan demostrar fuerza mediante discursos y otros mediante asistentes.

Mientras tanto, el PAN contempla el espectáculo desde la barrera. Escucha una y otra vez aquello de que «ya se van», pero probablemente responde con una sonrisa. «Primero pónganse de acuerdo sobre quién va a llegar, o que se vayan los que nunca llegaron».

Porque si algo ha demostrado Morena Chihuahua en los últimos meses es que todavía no logra ponerse de acuerdo ni sobre quién debe encabezar la mudanza. El problema para los guindas no es que los azules sigan ahí, el problema es que algunos siguen peleando por las llaves de una casa que todavía no ganan.

Y en ese intento por ignorar al elefante, podrían terminar descubriendo demasiado tarde que el elefante era precisamente quien podía ayudarlos a cruzar la puerta.

Porque en política existe una regla sencilla: Los cargos se reparten con discursos. Pero las elecciones se ganan con votos. Por ahora, los votos parecen hablar bastante más fuerte que los egos.

La pregunta incómoda para Morena Chihuahua es sencilla: ¿Van a respaldar a quien demuestra capacidad de movilización y competitividad electoral o van a seguir jugando a las vencidas internas hasta que llegue 2027? Porque el tiempo corre. El riesgo es que terminen discutiendo la candidatura de un gobierno que todavía no ganan.