La presión política sobre el caso de Rubén Rocha Moya volvió a crecer luego de que el canciller Roberto Velasco evitara responder públicamente si el Gobierno de México ya recibió las pruebas enviadas por Estados Unidos relacionadas con las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Durante un encuentro con medios en el Senado, el funcionario simplemente guardó silencio y se retiró del lugar, alimentando aún más la polémica alrededor del caso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros exfuncionarios sinaloenses de supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa y brindar protección política a “Los Chapitos” a cambio de favores y apoyo electoral. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha sostenido que hasta el momento no existen elementos suficientes para proceder legalmente en México, por lo que solicitó a Washington entregar mayores evidencias y documentación oficial.
La reacción del canciller provocó críticas entre sectores de oposición y analistas políticos, quienes consideran preocupante que el Gobierno federal no dé claridad sobre el avance diplomático y judicial de un tema que involucra acusaciones internacionales contra figuras cercanas a Morena. Incluso, la ausencia de respuestas concretas ha incrementado las especulaciones sobre posibles tensiones entre ambos gobiernos respecto al intercambio de información sensible.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que corresponde a la FGR informar sobre las investigaciones y comparecencias relacionadas con el caso Sinaloa. Paralelamente, autoridades federales han aclarado que actualmente no existe una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya, aunque sí permanece vigente la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición.
El escándalo continúa golpeando el escenario político nacional rumbo al proceso electoral de 2027, especialmente en Sinaloa, donde el nombre de Rocha Moya sigue ligado a una de las mayores crisis políticas y diplomáticas recientes entre México y Estados Unidos. A esto se suma el debate sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno y la creciente presión internacional para endurecer las acciones contra funcionarios señalados por presuntos nexos con cárteles.
