La presidenta de Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal solicitó la salida del país de los agentes de la CIA involucrados en el operativo realizado en Chihuahua, luego de detectarse que no contaban con autorización oficial para realizar labores de inteligencia dentro del territorio nacional. La mandataria explicó que, aunque los estadounidenses ingresaron legalmente con documentación diplomática, omitieron cumplir el protocolo requerido ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad mexicano.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo detalló que, tras conocerse públicamente el caso, se pidió formalmente a la Embajada de Estados Unidos que los elementos abandonaran México. Señaló que dos agentes fallecieron durante el operativo en la Sierra Tarahumara y otros dos fueron retirados posteriormente del país luego de las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El caso desató una fuerte confrontación política entre el Gobierno federal y la administración de Maru Campos, debido a los cuestionamientos sobre la participación de agentes extranjeros en tareas operativas dentro del estado. Desde Palacio Nacional se ha insistido en que la soberanía mexicana no puede vulnerarse mediante operativos sin autorización federal, mientras que desde el PAN acusan una presunta persecución política contra la mandataria estatal.
La controversia escaló luego de que la Fiscalía General de la República citara a declarar a funcionarios y exfuncionarios relacionados con el operativo, incluyendo a integrantes del Gobierno de Chihuahua y autoridades de Sinaloa. Sheinbaum sostuvo que corresponde a la FGR informar sobre el desarrollo de las investigaciones, tanto del caso Chihuahua como de las indagatorias relacionadas con Rubén Rocha Moya.
El episodio también ha generado tensión diplomática entre México y Estados Unidos, especialmente tras las versiones periodísticas sobre la presencia de agentes de inteligencia estadounidense colaborando en operativos contra laboratorios clandestinos en territorio mexicano. La administración federal reiteró que cualquier actividad extranjera en materia de seguridad debe sujetarse estrictamente a las leyes mexicanas y contar con autorización oficial.
