Un bar de la ciudad de Puebla terminó suspendido por autoridades federales luego de que varios consumidores denunciaron que el establecimiento agregaba automáticamente un 20 por ciento de propina a las cuentas, sin consultar previamente a los clientes. El negocio señalado fue “Miches y Litros Una y Ya”, ubicado en la colonia La Paz, donde personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y autoridades sanitarias colocaron sellos de suspensión tras detectar diversas irregularidades.
De acuerdo con los reportes oficiales, la inspección comenzó después de una denuncia anónima presentada por consumidores inconformes. Durante la revisión, las autoridades encontraron que además del cobro obligatorio de propina, el bar no informaba claramente las condiciones de promociones y ofertas, ni especificaba de forma correcta las cantidades y contenidos de las bebidas que comercializaba. También se detectaron incumplimientos relacionados con normas sanitarias, situación que derivó en la clausura temporal del lugar.
La Profeco recordó que en México la propina es completamente voluntaria y ningún restaurante, bar o establecimiento puede imponer porcentajes automáticos en las cuentas sin autorización del cliente. La dependencia reiteró que este tipo de prácticas representan violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y pueden derivar en sanciones administrativas, clausuras e incluso denuncias formales por parte de los afectados.
El caso volvió a encender el debate en redes sociales sobre los abusos relacionados con las propinas en bares y restaurantes. En distintos testimonios publicados por usuarios en Reddit y otras plataformas, clientes han denunciado sentirse intimidados por empleados o gerentes cuando no aceptan pagar porcentajes de entre 10 y 20 por ciento. Algunos incluso relataron haber sido retenidos o presionados para completar cantidades consideradas “mínimas” por los negocios.
Mientras tanto, especialistas y trabajadores del sector restaurantero mantienen abierto el debate sobre el sistema de propinas en México, donde millones de empleados dependen de estos ingresos debido a salarios bajos o falta de prestaciones. Sin embargo, autoridades insisten en que ninguna empresa puede trasladar esa responsabilidad directamente al consumidor mediante cobros forzosos o prácticas intimidatorias. El establecimiento suspendido deberá corregir todas las irregularidades antes de poder volver a operar.
