La narrativa oficial vuelve a tropezar con una realidad imposible de disfrazar. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal presume el envío de cien elementos a Ciudad Juárez para custodiar la Torre Centinela, puertas adentro se comenta que buena parte del contingente estará integrado por policías que ni siquiera pueden portar arma. Algunos permanecen atorados en procesos del C3, otros arrastran observaciones administrativas y varios más cargan restricciones médicas que van desde problemas de movilidad hasta el uso de prótesis o bastones. El criterio para asignarlos no sería la capacidad operativa, sino simplemente determinar cuánto tiempo pueden permanecer de pie en una caseta. Más que un despliegue táctico, parece un acomodo institucional para personal que ya no puede desempeñar funciones completas de seguridad.
El problema no termina ahí. Mientras en Juárez se monta esta especie de escenografía policiaca, en Chihuahua capital apenas logran completar turnos ordinarios con el personal disponible. La ecuación resulta tan absurda como preocupante: se vacía una ciudad para aparentar blindaje en otra, y encima con elementos limitados física y operativamente. La pregunta inevitable es qué imagen pretende proyectarse ante organismos internacionales como la CIA, el FBI o la DEA, especialmente cuando el discurso gubernamental insiste en presumir modernidad y certificaciones. Porque una torre tecnológica no se sostiene con simulación ni con uniformes ocupando espacio; la seguridad real requiere capacidad, presencia y estrategia. Lo demás es utilería oficial con costo político y riesgo institucional.
