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La narrativa oficial vuelve a tropezar con una realidad imposible de disfrazar. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal presume el envío de cien elementos a Ciudad Juárez para custodiar la Torre Centinela, puertas adentro se comenta que buena parte del contingente estará integrado por policías que ni siquiera pueden portar arma. Algunos permanecen atorados en procesos del C3, otros arrastran observaciones administrativas y varios más cargan restricciones médicas que van desde problemas de movilidad hasta el uso de prótesis o bastones. El criterio para asignarlos no sería la capacidad operativa, sino simplemente determinar cuánto tiempo pueden permanecer de pie en una caseta. Más que un despliegue táctico, parece un acomodo institucional para personal que ya no puede desempeñar funciones completas de seguridad.

El problema no termina ahí. Mientras en Juárez se monta esta especie de escenografía policiaca, en Chihuahua capital apenas logran completar turnos ordinarios con el personal disponible. La ecuación resulta tan absurda como preocupante: se vacía una ciudad para aparentar blindaje en otra, y encima con elementos limitados física y operativamente. La pregunta inevitable es qué imagen pretende proyectarse ante organismos internacionales como la CIA, el FBI o la DEA, especialmente cuando el discurso gubernamental insiste en presumir modernidad y certificaciones. Porque una torre tecnológica no se sostiene con simulación ni con uniformes ocupando espacio; la seguridad real requiere capacidad, presencia y estrategia. Lo demás es utilería oficial con costo político y riesgo institucional.

Dicen que la mano que mece la cuna es la que termina por mandar, y en la Fiscalía General del Estado esa idea vuelve a tomar fuerza. Al interior, entre pasillos y comentarios que no siempre se dicen en voz alta, se insiste en que el exfiscal César Jáuregui no se ha ido del todo. No en presencia, pero sí en estructura. Porque, aseguran, su gente cercana permanece en los mismos espacios, ocupando posiciones clave que no se movieron con el relevo.

El cambio, dicen, fue de nombre en la titularidad, pero poco más. La dinámica interna, para bien y para mal, sigue caminando por las mismas rutas. Y en ese contexto, la sensación de continuidad pesa más que la de renovación, como si el ajuste se hubiera quedado en la

Y dentro de ese mismo tablero, hay quienes señalan que en el área de periciales ya empezaron a moverse las piezas. Como en una partida de ajedrez que se juega sin anunciarse, se habla de acomodos, de estrategias silenciosas y de una ruta que apunta a que la nueva cabeza administrativa lleve apellido Sánchez. Nada confirmado, todo en versión de pasillo, pero lo suficiente para que el comentario circule y tome forma entre quienes observan de cerca cómo se reconfigura —o no— la estructura interna.

La violencia en Chihuahua parece haber cruzado una frontera todavía más oscura. Ya no se trata únicamente de asesinatos; ahora los crímenes exhiben niveles de brutalidad cada vez más perturbadores, donde la crueldad parece convertirse en mensaje y espectáculo. El hallazgo del cuerpo de Yadira Janet Banda Palma, de 35 años, abandonado en plena vía pública de la colonia 20 Aniversario, refleja con crudeza esa descomposición que avanza sin freno. La víctima fue localizada con visibles signos de violencia, una manguera atada al cuello y el torso desnudo, una escena que no solo evidencia la saña del ataque, sino también la alarmante pérdida de sensibilidad de quienes ejecutan este tipo de actos.

Lo verdaderamente inquietante es que estos hechos comienzan a dejar de sorprender en una ciudad donde las ejecuciones son cada vez más despiadadas y los mensajes criminales más agresivos. El cuerpo abandonado sobre las calles Manuel Buendía y Genaro Vázquez no solo representa un homicidio más en las estadísticas, sino un retrato brutal de cómo la violencia ha evolucionado hacia escenarios de terror. Mientras las autoridades realizan peritajes y anuncian avances en la identificación de las víctimas, en las calles crece otra percepción mucho más difícil de contener: la idea de que Chihuahua enfrenta una escalada donde el crimen ya no busca únicamente eliminar, sino infundir miedo mediante la humillación y la barbarie pública.