El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la protección otorgada a Rubén Rocha Moya responde a protocolos institucionales y no a privilegios políticos, en medio de la controversia por los señalamientos en su contra. El funcionario detalló que el exmandatario cuenta con un dispositivo de seguridad asignado tras una evaluación de riesgo, como ocurre con otros funcionarios y exfuncionarios en contextos de violencia.

De acuerdo con Harfuch, la decisión se tomó considerando que Rocha Moya dejó recientemente el cargo en una entidad como Sinaloa, donde persisten altos niveles de inseguridad, por lo que se consideró prudente brindarle escoltas. Aclaró además que el propio político no solicitó dicha protección, sino que fue una determinación del Estado basada en análisis técnicos de seguridad.

El secretario también subrayó que, hasta el momento, no existen indicios concretos de amenazas directas contra Rocha Moya, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de la medida. Sin embargo, insistió en que estos mecanismos son preventivos y forman parte de una política general para proteger a figuras públicas en zonas de riesgo.

En paralelo, Harfuch rechazó que el gobierno federal haya tenido conocimiento previo o sospechas sobre presuntos vínculos del exgobernador con el crimen organizado, asegurando que nunca hubo obstrucciones a las operaciones de seguridad en Sinaloa durante su administración.

El caso ocurre en un contexto de fuerte presión política y diplomática, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rocha Moya de presuntos nexos con el narcotráfico. Mientras el gobierno mexicano insiste en que no hay pruebas concluyentes, la decisión de brindarle protección ha intensificado el debate público sobre justicia, seguridad y posibles privilegios en medio de uno de los escándalos más delicados del momento.