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El precio del diésel en México registró una disminución luego de que el gobierno federal endureciera su postura fiscal hacia el sector gasolinero, buscando contener el impacto económico en consumidores y transporte. La medida se da en medio de acuerdos con empresarios para evitar que el combustible supere los 28 pesos por litro, en un contexto de presión por la inflación y el encarecimiento internacional de energéticos.
Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Hacienda incrementó los estímulos fiscales, reduciendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras que Pemex ha otorgado descuentos a distribuidores para sostener los precios. A esto se suma el compromiso de los propios gasolineros, quienes absorben parte del costo para mantener los topes establecidos.
Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas no son suficientes para equilibrar el mercado, ya que los márgenes de ganancia se han reducido considerablemente. Esta situación podría generar prácticas irregulares, como la mezcla de combustibles con producto ilícito o la entrega incompleta de litros, con el fin de compensar las pérdidas económicas.
Además, el gobierno ha lanzado advertencias directas al sector, señalando que podría tomar acciones más severas, incluso mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contra aquellas estaciones que vendan por encima del precio pactado. Esta presión fiscal es lo que ha llevado a una baja temporal en los precios, aunque bajo un esquema considerado frágil por analistas.
El escenario plantea incertidumbre sobre la sostenibilidad de estas políticas, ya que dependen tanto del subsidio gubernamental como del sacrificio económico de los empresarios. Mientras tanto, el mercado energético continúa bajo tensión, con el riesgo de que las distorsiones generadas por los controles de precio deriven en problemas mayores para consumidores y la industria.
