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El incendio en el basurero de Cuauhtémoc no solo expone un problema operativo, sino un síntoma persistente de descomposición social que ninguna autoridad ha logrado contener de fondo. Tres semanas después de iniciado el siniestro aquel 21 de marzo, los factores siguen siendo los mismos: vientos intensos, acumulación de desechos altamente combustibles y, sobre todo, una preocupante falta de conciencia ciudadana. Las declaraciones del coordinador de Bomberos, René Martínez Bustamante, revelan la magnitud del riesgo: temperaturas superiores a los 800 grados, maquinaria colapsando por el calor y jornadas extenuantes que apenas logran contener un fuego que se resiste a morir. No es menor que, en más de cuatro décadas, el tiradero no hubiera registrado un evento de tal dimensión; hoy, la excepción parece marcar una nueva normalidad.

Pero más allá del fuego visible, lo que verdaderamente arde es la irresponsabilidad colectiva. La presencia de brasas encendidas entre la basura doméstica —capaces incluso de incendiar camiones recolectores, como ya ha ocurrido— evidencia un problema cultural que se arrastra sin solución. Mientras las autoridades advierten, los ciudadanos reinciden, y el costo lo pagan comunidades como Barraganes y Anáhuac, que respiran humo y soportan olores tóxicos sin conocer aún el impacto ambiental real. El mensaje es claro: no basta con sofocar incendios si no se apaga de raíz la indiferencia social. De lo contrario, Cuauhtémoc seguirá atrapado en un ciclo donde el fuego no solo consume basura, sino también la capacidad institucional y ciudadana de prevenir tragedias evitables.

La discusión sobre la nueva semaforización en Chihuahua no solo exhibe la urgencia de modernizar la ciudad; también deja al descubierto el tamaño del rezago que se permitió crecer desde la propia autoridad.

Y en esa historia, el nombre de César Komaba aparece inevitablemente, no como quien impulsó soluciones, sino como quien terminó explicando lo inexplicable.

Durante meses, mientras los cruceros se volvían una ruleta de luces descompuestas y sincronizaciones inexistentes, la narrativa oficial fue, por decir lo menos, desconectada de la realidad. Que si no había dinero, que si los reportes hablaban de fallas aisladas, que si “solo un semáforo” presentaba problemas. Una versión tan optimista que, de no ser por el tráfico diario, habría resultado hasta entrañable.

Porque hay que decirlo: sostener que el problema era mínimo en una ciudad donde manejar implicaba adivinar quién tenía el paso, no fue solo una mala lectura; fue una apuesta arriesgada por la incredulidad ciudadana. Y Chihuahua no es precisamente una ciudad que no sepa reconocer cuando algo no funciona.

Hoy, el megaproyecto de semaforización aparece como una especie de intervención mayor, casi de rescate, que llega no por la eficiencia del área, sino a pesar de ella. Una cirugía completa para un sistema que llevaba tiempo en terapia intensiva, mientras desde la cabina de control se insistía en que todo estaba, más o menos, bajo control.

Así, más que un logro, el proyecto se siente como ese momento en que alguien más toma el volante porque el conductor original ya no supo ni por dónde iba la ruta.

La pregunta incómoda es inevitable: si el mantenimiento básico resultó tan complicado, ¿qué garantiza que ahora sí habrá capacidad para sostener un sistema mucho más sofisticado? Porque modernizar es apenas la mitad del camino; operarlo bien, todos los días, es la verdadera prueba.

En política, como en los semáforos, hay señales que no admiten interpretación. Y la que deja esta etapa es clara: minimizar problemas visibles rara vez los hace desaparecer.

Quizá por eso no suena tan descabellado pensar que hay perfiles más cómodos en la lógica partidista que en la operación técnica. Si de coordinar estructuras se trata, tal vez el siguiente destino natural esté lejos de los cruceros y más cerca de los comités. Al menos ahí, los tiempos no dependen de una luz en rojo que nunca cambia.