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En política hay momentos en los que el suspenso se acaba antes de que empiece la contienda. Eso parece estar ocurriendo ya en Morena rumbo a la gubernatura de 2027 en Chihuahua. El mensaje comienza a ser claro: el tiro está cantado.
Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena, dejó poco espacio para las interpretaciones al declarar abiertamente su apoyo total al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. No fue un guiño discreto ni una señal entre líneas; fue una postura directa que, en los hechos, empieza a acomodar el tablero interno del partido.
Con ese respaldo sobre la mesa, el panorama cambia para otros nombres que también han sonado dentro del morenismo. Como el de Andrea Chávez, que podría decirse la siguiente más fuerte, ha sido mencionada en distintos momentos como posible aspirante, pero el posicionamiento del dirigente estatal parece inclinar la balanza hacia el alcalde fronterizo y siendo más confiable para abanderar a los guindas.
En política, los apoyos tempranos suelen ser una forma de medir fuerzas… o de intentar cerrar filas antes de que estalle la competencia interna. Morena, como todos los partidos grandes, no está exento de sus propias tensiones, y este tipo de definiciones adelantadas pueden tener dos efectos: ordenar la estrategia o abrir nuevas grietas.
La apuesta parece clara: colocar desde ahora a quien consideran el perfil con mayor capacidad de competir contra el eventual contendiente más fuerte en 2027. En otras palabras, priorizar la competitividad electoral sobre la pluralidad interna.
La pregunta es si esta señal ayudará a consolidar al partido o si terminará generando más divisiones entre los grupos que también aspiran a jugar en la próxima sucesión estatal. Porque en Morena, como en cualquier fuerza política en crecimiento, las definiciones anticipadas no siempre cierran las heridas; a veces apenas las empiezan.
Hay quienes pasan desapercibidos en una marcha. Y hay quienes, sin siquiera estar presentes, se convierten en el tema principal de conversación, consigna, pancarta y hasta coro colectivo. Ayer, en la marcha del 8 de marzo en Chihuahua, el regidor de Morena, Miguel Riggs, entró sin invitación a esa segunda categoría.
Porque si alguien pensaba que las consignas se iban a concentrar únicamente en el gobierno, las instituciones o la eterna promesa de justicia que nunca llega, la realidad del recorrido fue otra: el nombre que más retumbó entre las manifestantes fue el de Riggs.
No una vez. No dos. Una y otra vez.
Entre tambores, megáfonos y pancartas, las consignas lo señalaban de todo: violentador, agresivo, violador… la creatividad colectiva no se quedó corta. Su nombre apareció coreado, escrito y repetido como si fuera parte del repertorio oficial de la marcha.
Y por si el momento no fuera lo suficientemente incómodo para el regidor morenista, la cosa no terminó ahí.
También hubo espacio para su esposa, Baduy, a quien varias manifestantes señalaron con calificativos como “encubridora” y “cómplice”, acusándola de respaldarlo pese a los señalamientos que han circulado en su contra.
Así que mientras algunos políticos suelen pasar el 8M midiendo daños en bardas pintadas o monumentos intervenidos, Riggs podría tener otro tipo de balance: convertirse, para bien o para mal —más bien lo segundo—, en el personaje más mencionado de toda la jornada.
Y eso que ni siquiera estaba en la marcha.
Pero en política hay algo peor que te ignoren: que te canten consignas durante kilómetros.
Ayer, en Chihuahua, Miguel Riggs aprendió esa lección… a todo pulmón.
El incendio ocurrido en la planta de gas situada en el fraccionamiento Los Álamos, sobre la carretera a Aldama, difícilmente puede considerarse un hecho fortuito. Los primeros testimonios recabados entre vecinos y autoridades apuntan a que el fuego habría iniciado tras el lanzamiento de un artefacto incendiario —presuntamente una bomba molotov— contra una de las pipas que se encontraba dentro del predio. En ese contexto, las investigaciones también exploran la posibilidad de que el ataque esté relacionado con la disputa que distintos grupos delictivos mantienen en el corredor Aldama–Ojinaga, una zona que desde hace algunos años se ha convertido en territorio estratégico para las organizaciones criminales que operan en la región.
Sin embargo, más allá de la posible motivación criminal, el caso revive advertencias que los propios habitantes del sector venían haciendo desde tiempo atrás. Vecinos de Los Álamos y de colonias cercanas han señalado que dos camionetas sospechosas —desde donde presuntamente se lanzaron los artefactos— ya habían sido vistas rondando la zona durante varios días, incluso desde aproximadamente un mes antes del ataque, en lo que describen como parte de labores de vigilancia delincuencial. A ello se suma la inquietud por la operación de la planta, donde, según denuncias vecinales, confluyen diversas razones sociales vinculadas a la distribución de gas —Gas Noble, Deligas y Eco Blue—, lo que ha generado dudas sobre permisos, licencias y protocolos de seguridad. Desde julio de 2025, el líder vecinal Josué Carlos Westrup Corral presentó denuncias ante autoridades municipales, estatales y federales; no obstante, entre señalamientos cruzados sobre competencias, las respuestas oficiales terminaron por diluir responsabilidades. Hoy la pregunta que se repite entre los habitantes es inevitable: si las camionetas ya habían sido detectadas merodeando el área, ¿qué ocurrió con las cámaras de seguridad y con los sistemas de vigilancia que deberían anticipar este tipo de hechos?
