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Se escucha con insistencia en los pasillos de la corporación que varios elementos de la Policía Municipal, ansiosos por obtener un ascenso, se están encontrando con un obstáculo inesperado. Según versiones que circulan entre los uniformados, para poder acceder al Centro de Desarrollo e Investigación Policial (Cedipol) y presentar el examen físico —uno de los requisitos indispensables para subir de rango—, les exigen cubrir un pago de alrededor de 150 pesos en la misma entrada del recinto. No se trata de una cuota oficial ni de un trámite formalizado, sino de un cobro que, al parecer, se está aplicando de manera discrecional a quienes buscan avanzar en su carrera dentro de la institución.

La interrogante que flota en el ambiente es si el director de la Policía Municipal, Julio Salas, tiene conocimiento de esta práctica. De no estar al tanto, con esta columna ya queda enterado. Más preocupante aún sería que ese dinero no esté ingresando a las arcas municipales y termine quedándose en manos de los responsables del Cedipol. Porque de que existe una transa, la hay, y resulta difícil creer que se trate de un cobro inocente o autorizado. En un contexto donde el mérito debería ser la única vía para el ascenso, estos señalamientos ponen en entredicho la transparencia y el manejo ético dentro de una de las dependencias más sensibles del gobierno local.

Este fin de semana, entre los eventos que concentraron la atención de las esferas políticas y empresariales, destacó sin duda el Cabrito Fest, organizado por Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Conocido en los círculos locales como “el señor del agua” o simplemente “Cabrito”, Falomir ha convertido la celebración de su cumpleaños en una tradición de alto perfil desde hace aproximadamente cinco años. Lejos de optar por una freunión petit, el funcionario se ha dejado querer, montando un evento que combina convivencia y, sobre todo la mera lechuga fresca del mercado.

La lista de asistentes este año dejó claro que no se trata de una reunión cualquiera: entre los presentes figuraron nombres de verdadero peso pesado en la estructura de poder del norte del país. Destacaron la presencia del secretario de Gobierno y del fiscal general del estado, dos piezas clave en el engranaje político y de procuración de justicia regional. No hubo espacio para improvisados, aspirantes de bajo calibre ni figuras que buscan solo figurar; el Cabrito Fest se consolidó como un espacio exclusivo para las verdaderas luminarias. Con esta convocatoria, Alan Falomir no solo festejó otro año de vida (que es el día de hoy), sino que dejó patente su capacidad para convocar a los jugadores más importantes del tablero norteño.

En México no hace falta que el polvo se asiente para que empiece el festín. Basta un hecho violento, una noticia de alto impacto, para que la clase política saque los colmillos. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no fue la excepción. Y aunque el operativo ocurrió lejos del territorio chihuahuense, en Chihuahua el suceso se convirtió en combustible para la rapiña política.

Aquí no importó la gravedad del momento nacional, ni el miedo real que se apoderó de comunidades enteras tras los estallidos de violencia en Jalisco y Michoacán. Lo que importó fue el micrófono, la cámara, el tuit oportunista. Chihuahua, siempre atenta a subirse a la ola mediática, decidió convertir la crisis en un ring ideológico.

Por un lado, desde Morena no tardaron en aplaudir el actuar de las fuerzas federales, presentándolo como prueba irrefutable de que la Federación “sí hace su trabajo”, a diferencia de estados y municipios. El discurso fue tan predecible como conveniente: la narrativa del centro salvador frente a las periferias incompetentes. No hubo matices, no hubo autocrítica, no hubo preguntas incómodas sobre la violencia estructural que permite que un capo se convierta en un símbolo de terror nacional durante años antes de caer. Solo aplausos, selfies políticas y frases para la galería.

Del otro lado, la derecha local tampoco perdió el tiempo. Con la misma prisa con la que se sube un video a redes, comenzaron los reclamos: que el Gobierno federal “permitió el caos”, que la respuesta fue tardía, que la violencia desatada tras el abatimiento del líder criminal evidencia un Estado rebasado. Las imágenes de incendios, bloqueos y balaceras en Jalisco y Michoacán se volvieron virales en redes sociales y en medios de comunicación, y la derecha las convirtió en munición retórica: clips de horror editados para confirmar prejuicios, no para explicar la complejidad del fenómeno criminal.

Ambos bandos juegan el mismo juego, aunque finjan estar en trincheras opuestas. Uno capitaliza el golpe al narco como triunfo político; el otro capitaliza el caos posterior como fracaso del adversario. Ninguno parece interesado en la pregunta incómoda: ¿qué viene después? Porque abatir a un capo no equivale a desmontar el sistema que lo produjo. Y señalar el caos sin proponer una política de seguridad integral es apenas agitar el miedo para cosechar votos.

Chihuahua no es espectadora inocente. Aquí también se vive la violencia, aquí también se padecen las consecuencias del crimen organizado, aquí también se conocen los costos humanos de la guerra interminable. Pero en lugar de una discusión seria sobre coordinación real entre Federación, estados y municipios; sobre prevención, inteligencia financiera, reconstrucción del tejido social y control territorial, lo que vemos es una competencia por quién capitaliza mejor la tragedia ajena.

La muerte de un líder criminal no debería ser pretexto para el aplauso automático ni para el golpeteo oportunista. Debería ser, como mínimo, un momento de reflexión sobre el país que hemos permitido construir. Pero en Chihuahua —como en buena parte de México— la tragedia no se piensa: se explota.

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¿Alguien se acuerda qué fue exactamente lo que pasó con las cajas de la Tesorería del Municipio de Chihuahua hace unos días? No es pregunta retórica: de verdad parece que la memoria institucional dura menos que una sesión de Wi-Fi público. Un viernes por la tarde, de la nada, se apagan las cajas; el fin de semana, silencio administrativo; y el lunes, como si nada, “ya quedó”. ¿La explicación oficial? Una “actualización del sistema”. Ajá.

En Chihuahua, la palabra “actualización” se ha convertido en el comodín perfecto: sirve para todo y para nada. Es el “se nos cayó el sistema” del siglo XXI, pero con maquillaje corporativo. Porque cuando una oficina pública deja sin servicio a medio municipio justo en días de alto flujo de pagos, no estamos ante una simple mejora tecnológica: estamos ante un clásico episodio de improvisación con aroma a excusa.

La Tesorería Municipal de Chihuahua explicó que era mantenimiento, modernización, un ajuste necesario. Todo suena muy futurista hasta que lo vives como ciudadano: llegas a pagar, te topas con la cortina abajo, te dicen que regreses otro día, que intentes por internet, que “ya casi queda”. Y tú, con el recibo en la mano y el tiempo perdido, entiendes que la modernización siempre ocurre del lado de la institución, nunca del lado del usuario.

Lo sospechoso no es que se actualicen sistemas —eso es necesario—, sino la coreografía: avisos de último minuto, canales de pago caídos al mismo tiempo, personal dando explicaciones distintas según la ventanilla, y la sensación general de que nadie pensó en el impacto real. ¿De verdad no se pudo programar la famosa “actualización” en horarios muertos? ¿De verdad era inevitable tumbar todo el sistema justo cuando la gente cobra, paga, se pone al corriente?

En el Chihuahua, la burocracia ha perfeccionado un arte: normalizar el tropiezo. Primero el servicio falla, luego el comunicado, después el olvido colectivo. Y listo: nadie rinde cuentas, nadie explica con claridad qué se actualizó, por qué falló, quién autorizó el apagón generalizado. La transparencia se queda en el eslogan, mientras la operación real sigue siendo un experimento con ciudadanos como conejillos de indias.

Lo irónico es que estas “actualizaciones” siempre llegan envueltas en promesas de eficiencia, de trámites más ágiles, de atención moderna. Pero el resultado inmediato es el mismo de siempre: filas, corajes, vueltas innecesarias y una sensación de burla institucional. Como si la tecnología fuera un pretexto elegante para tapar la falta de planeación.