Noticias Chihuahua:
En el país persiste un problema estructural en torno a la actividad minera que ya no puede ocultarse tras comunicados oficiales ni discursos de productividad. La reciente desaparición de cinco mineros no es un hecho aislado, sino la evidencia más reciente de una realidad conocida dentro del propio sector: la operación cotidiana de las minas se encuentra sometida a la presión de grupos delictivos que actúan abiertamente, muchas veces bajo la apariencia de prestadores de servicios o empresarios. Estos actores imponen el cobro de “derecho de piso”, obligan a rentar maquinaria, contratar pipas, adquirir combustibles o pagar supuestos esquemas de seguridad privada. Las compañías, en muchos casos, no eligen: aceptan o se paraliza la producción. Se trata de un secreto a voces dentro de las zonas mineras, donde trabajadores y administradores identifican perfectamente a los responsables, pero operan bajo la lógica de la menor afectación posible frente a la amenaza directa.
El problema, sin embargo, trasciende a las empresas y revela un vacío político. La delincuencia organizada no sólo rebasa a las autoridades locales, sino que evidencia una tolerancia desde niveles federales donde se conoce la dinámica, pero no se actúa con la contundencia necesaria. La ausencia de decisiones firmes alimenta la percepción de colusión o conveniencia política, mientras quienes dependen de estas labores para sostener a sus familias enfrentan extorsión, violencia y, en el peor de los casos, la muerte. México se encuentra ante una disyuntiva: permitir que la economía productiva continúe subordinada al control criminal o asumir el costo político de restablecer el Estado de derecho. Mientras esa definición no llegue, la actividad minera seguirá operando bajo la sombra de acuerdos forzados y la sociedad continuará pagando las consecuencias humanas de la inacción.
Durante los últimos veinticinco años, el área encargada del tránsito —hoy denominada Subsecretaría de Movilidad— ha evidenciado un deterioro constante en su dirección y en la calidad del servicio que ofrece a la ciudadanía. La percepción predominante es la de un sistema orientado más a la recaudación que a la prevención, donde las multas sustituyen a la educación vial y los operativos se concentran en puntos estratégicos para sancionar, no para ordenar la circulación. En la zona sur, particularmente en la salida hacia Delicias, así como en el acceso norte de la ciudad, conductores señalan prácticas recurrentes de extorsión cotidiana. A ello se suma una infraestructura deficiente: señalamientos inexistentes o mal colocados que facilitan infracciones discutibles, y semáforos en mal estado que convierten la movilidad en una trampa administrativa antes que en un esquema de seguridad.
La evidencia material de este abandono es visible en múltiples cruces urbanos donde los dispositivos simplemente no funcionan o permanecen descompuestos durante semanas. Intersecciones como Justini y Vialidad CH-P presentan fallas constantes; en 20 de Noviembre y Vialidad CH-P, ante la ausencia prolongada de reparación, los propios ciudadanos improvisaron un cruce de cuatro altos; y en Miguel Olea y Cuauhtémoc un señalamiento caído permanece sin reinstalarse desde hace más de un año. Estos hechos no reflejan únicamente negligencia operativa, sino una política pública sin prioridades claras, donde la autoridad pierde legitimidad al exigir cumplimiento mientras descuida sus propias obligaciones. La movilidad deja de ser un derecho garantizado por el Estado y se convierte en una carga cotidiana para los habitantes.
El intento de sustracción de un menor de aproximadamente dos años en el Parque Metropolitano El Rejón, en la ciudad de Chihuahua, ha encendido una alerta que trasciende el hecho aislado. De acuerdo con los reportes preliminares, el niño se encontraba bajo el cuidado de su hermana adolescente cuando un hombre intentó llevárselo, acción que fue frustrada gracias a la intervención inmediata de ciudadanos presentes en el lugar. Aunque el menor resultó ileso y las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, la ausencia de detenciones hasta el momento deja una inquietud legítima entre las familias. Lo particularmente alarmante es que se trata de una zona reconocida por su carácter familiar y su alta plusvalía, un espacio que históricamente ha sido punto de encuentro recreativo para cientos de personas cada fin de semana.
Este episodio vuelve a colocar en el centro del debate la situación de la seguridad pública en la capital del estado. A pesar de los esfuerzos institucionales y de programas como el denominado “Escudo Chihuahua”, la percepción ciudadana es que la inseguridad no se limita a sectores específicos ni respeta zonas residenciales o espacios de convivencia familiar. Hoy, padres y madres manifiestan temor de acudir a un parque que debería representar tranquilidad y esparcimiento. Cuando la amenaza alcanza incluso los entornos considerados más seguros, el mensaje es claro: la ciudad enfrenta un problema estructural de seguridad que no puede minimizarse con estadísticas ni discursos oficiales, sino que exige resultados tangibles que devuelvan la confianza a la ciudadanía.
Por fin alguien puso orden en el gallinero morenista de Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a recordarle a los adelantados que “va quien gane la encuesta”. Así, con esa frase que en teoría suena democrática, pero en la práctica huele más a acto de fe que a ejercicio estadístico.
Porque seamos sinceros: esas encuestas de Morena son como el Santo Grial. Todo mundo habla de ellas, juran que existen, pero nadie las ha visto. No hay metodología, no hay muestras, no hay margen de error. Son como los Reyes Magos: hay que creer. Y si no crees, eres conservador.
El detalle es que, pese al llamado celestial desde Palacio Nacional, en Chihuahua nadie soltó el hueso. Ahí siguen, tercos y sonrientes en espectaculares “espontáneos”, entrevistas “casuales” y giras “institucionales” que casualmente coinciden con aspiraciones electorales.
El alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar no ha quitado el dedo del renglón. Él se promueve con la sutileza de un tráiler sin frenos, convencido de que la encuesta divina lo iluminará. Por su parte, la senadora Andrea Chávez tampoco afloja; trae ritmo, reflectores y narrativa, apostando a que la juventud y la cercanía con la cúpula pesen más que cualquier cuestionario fantasma.
Y en la esquina, como quien no quiere la cosa, aparece Juan Carlos Loera, recordándonos que en política nadie está muerto hasta que la encuesta interna lo certifica. Persistente, disciplinado y siempre listo para la foto, aunque el aplauso suene hueco.
Desde la capital del estado el panorama es todavía más crudo. A nivel nacional Chihuahua no es prioridad estratégica; es más bien un expediente incómodo. Y en Juárez el rumor ya corre como sentencia: que la carta fuerte y futura alcaldesa sería Mayra Chávez. Si eso es cierto, entonces la “encuesta” ya tiene nombre y apellido… solo falta que la impriman.
Mientras tanto, todos hacen como que obedecen a la presidenta, pero nadie deja de hacer campaña. Es el “estate quieto” más inquieto de la historia política local. Morena practica ese deporte extremo llamado simulación: no son actos anticipados, son “asambleas informativas”; no son destapes, son “recorridos de trabajo”; no son campañas, son “posicionamiento natural”.
Al final, cuando anuncien al ganador o ganadora de la encuesta invisible, todos aplaudirán disciplinadamente y dirán que fue un proceso transparente, democrático y ejemplar. Y nosotros, los candorosos ciudadanos, volveremos a creer que la voluntad popular cabe en una urna… siempre y cuando la urna esté dentro del partido.
En Chihuahua no hay dados cargados, dirán. Solo encuestas místicas. Y fe, mucha fe.
