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En la avenida Zaragoza de Parral quedó al descubierto el verdadero orden de prioridades del gobierno municipal que encabeza Chava Calderón: cuando los ciudadanos colocan arbolitos en los baches como protesta pacífica y simbólica, la respuesta es inmediata y contundente; cuando se trata de reparar los mismos baches que dañan vehículos, ponen en riesgo a peatones y generan pérdidas económicas diarias, la lentitud es casi insultante. No hubo asfalto, no hubo cuadrillas de trabajo, no hubo maquinaria: solo patrullas de Tránsito y elementos de Seguridad Pública enviados para borrar el reclamo ciudadano, como si el problema fuera la visibilidad de los árboles y no el abandono de las calles.

La función de la policía no es maquillar la omisión ni proteger la ineficiencia del gobierno; es servir y proteger a la ciudadanía. Hoy en Parral fallaron en eso. Mientras los baches siguen tragándose llantas y poniendo en peligro vidas, la autoridad opta por la censura simbólica en lugar de la solución real. Es un mensaje claro: en esta administración, el silencio forzado pesa más que el derecho a exigir servicios básicos. La avenida Zaragoza no solo tiene hoyos en el pavimento: tiene hoyos en la sensibilidad y en la respuesta pública. Y mientras no se tapen esos, los arbolitos volverán a crecer… aunque sea en forma de enojo ciudadano.

Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni funcionario que no aparezca… sobre todo cuando hay jalón de orejas desde Palacio Municipal. Este año, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, finalmente salió de la cueva en la que se había refugiado cómodamente y, por obra y gracia de un regaño alcaldeño, ahora tiene que dar ruedas de prensa semanales. Milagro administrativo.

Porque hasta hace poco, declarar era para él una actividad de alto riesgo: evitaba micrófonos, cámaras y preguntas como si fueran baches profundos. Hoy, en cambio, aparece sonriente —o resignado— a informar avances que, según sus propios números, parecen ir más “a gorro” que a toda máquina.

Ahí están los famosos puentes: el de la avenida de las Industrias y Nogales con un flamante 30 por ciento, y el de la carretera a Aldama y Fuerza Aérea con un no menos impresionante 32 por ciento. Avances tan específicos que dan ganas de preguntar si los midieron con regla escolar. Eso sí, ambos deberán estar listos para julio… si es que la aritmética, la realidad y el calendario se ponen de acuerdo.

Del proyecto de La Cantera, Periférico y Canal, mejor ni hablar. O más bien, solo se puede decir que “están escarbando”. Nada de detalles, nada de tiempos, nada de certezas. Escarban y ya. Habrá que ver si antes de que aparezcan los ambientalistas, los vecinos molestos o el caos vial de siempre, alguien explica qué sigue después del hoyo.

Eso sí, ojalá que esta repentina prisa informativa también se refleje en la inauguración de las obras y, sobre todo, en la circulación. Porque no se trata solo de cortar listones ni de porcentajes alegres en conferencia: se trata de que la gente pueda llegar a su casa sin pasar media vida en el tráfico.

Al final, convendría recordarle al director —y a quien lo despertó de su letargo— que las obras no se pagan con discursos ni con ruedas de prensa obligadas, sino con los impuestos de los ciudadanos. Y esos, a diferencia de algunos funcionarios, nunca se esconden.

Listo. Aquí va una columna completamente reescrita, sin fuentes, con otro ángulo, más irónica, más política y más incómoda para la autoridad 👀✍️

La persecución de Schrödinger: no existió… hasta que apareció el video

En Chihuahua ya entramos a la era de la física cuántica aplicada a la seguridad pública. Porque, según la versión oficial, una persecución puede existir y no existir al mismo tiempo. Todo depende de si hay cámaras prendidas, videos filtrados o demasiados ojos mirando.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguró, con la solemnidad de quien lee un parte meteorológico, que no hubo persecución luego de marcarle el alto a un adolescente de 16 años en la avenida Washington. Nada pasó. Nadie siguió a nadie. Todo fue una coincidencia trágica del destino… hasta que apareció un video.

En las imágenes —esas tercas cosas que no entienden de boletines— se observa una patrulla con torretas encendidas siguiendo a una camioneta Ford Explorer modelo 2000. No es un efecto óptico ni un espejismo urbano: luces prendidas, unidad detrás y un desenlace fatal en Colinas del Sol, donde el vehículo terminó estrellado contra una vivienda y tres autos estacionados.

Pero aquí entra el matiz institucional: sí había patrulla, sí había luces, sí iba detrás… pero eso no cuenta como persecución. Era, digamos, una “acompañamiento dinámico no intencional”, una casualidad motorizada con códigos encendidos. Porque en el lenguaje oficial, perseguir es solo cuando alguien lo acepta.

Lo más interesante es que el propio oficial al volante habría confirmado que iba detrás del vehículo. Un detalle menor, claro, porque en la lógica burocrática primero se emite el boletín, luego se acomodan los hechos y, si algo no cuadra, se manda a “análisis”.

Mientras tanto, la discusión pública no gira en torno a cómo evitar que un adolescente termine muerto tras una intervención policial, sino en qué palabra usar para no asumir responsabilidades. ¿Fue persecución? ¿Fue seguimiento? ¿Fue coincidencia? ¿Fue culpa del video por grabar?

Y así, entre tecnicismos, semántica y comunicados que parecen escritos con borrador en mano, el fondo se pierde: un menor de edad murió, una familia quedó destrozada y la confianza en la autoridad volvió a chocar… esta vez no contra un muro, sino contra su propia narrativa.

Porque cuando la versión oficial necesita más edición que un video de TikTok, algo anda mal. Y cuando la ciudadanía entiende los hechos antes que la autoridad, el problema ya no es el video filtrado, sino el silencio institucional.

Al final, puede que la persecución “no haya existido”… pero la tragedia sí. Y esa, por más boletines que se emitan, no se puede apagar con torretas.