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Vaya cosas de las que uno se entera en los pasillos de la Universidad Autónoma de Chihuahua: resulta que el máximo líder, el jefe, el patrón indiscutible —el rector Luis Rivera Campos— anda pidiendo «korima» y favores, y no precisamente a cualquier mortal, sino a la nueva líder sindical, María Concepción Rodríguez, mejor conocida como «Conchita» o «Conchis» para los compas. En más de dos ocasiones, el rector ha solicitado humildemente que la dirigente hable bien de él ante los trabajadores, que su «alago» llegue hasta los rincones más recónditos de la institución. Un respetillo —o miedo disfrazado— que revela quién realmente mueve los hilos en la UACH cuando se trata de la base sindical.
Y eso que ni siquiera han tocado temas espinosos como la venta del terreno universitario o la deuda millonaria con pensiones, que siguen siendo elefantes en la habitación. Ahora, hasta el rector pide «paro» para mantener la imagen intacta, demostrando que en la universidad el carisma no basta cuando el sindicato aprieta. Así las cosas en la máxima casa de estudios: el patrón pide favores y la líder sindical se convierte en la voz que puede salvar o hundir reputaciones. ¡Quién lo diría!
En Riberas de Sacramento no piden lujos, piden lo elemental: luz constantemente. Pero ni eso les dan. Semanas enteras con apagones que se estiran más de 12 horas, neveras vacías por comida echada a perder, medicamentos refrigerados perdidos y negocios locales que sangran ventas diarias. En la Etapa 8, la situación es peor: familias enteras sin luz, en un silencio institucional que duele más que la oscuridad misma. Los vecinos han cumplido: reportes al 071, visitas a centros de atención, insistencia paciente. La respuesta oficial: “no hay reporte de falla”, como si la colonia entera no estuviera viviendo la misma pesadilla.
Aquí el problema trasciende lo técnico y se vuelve político puro: es abandono deliberado disfrazado de “intermitencias”. Cuando falla la electricidad, falla la seguridad, la economía familiar y la salud básica. Nadie repone el mandado perdido, nadie responde por las medicinas dañadas ni por las ventas evaporadas. Lo indignante es la normalización de esta crisis cotidiana: se cobra puntual el recibo mientras se ignora a colonias enteras como si fueran de segunda categoría. En Riberas no hay caprichos, hay reclamos legítimos que las autoridades convierten en eco vacío. La responsabilidad no es opcional: o se atiende ya, o se admite que para algunos ciudadanos lo básico sigue siendo privilegio.
En Chihuahua, la inseguridad vuelve a colocarse en el centro del debate público, pero esta vez no únicamente por la violencia que ejercen los grupos criminales, sino por lo que ocurre dentro de las propias instituciones encargadas de combatirla. En los últimos días, policías municipales han alzado la voz —principalmente en redes sociales— para denunciar el presunto adeudo de los llamados bonos de alto impacto, un incentivo que, en teoría, reconoce su labor en momentos críticos para la ciudad.
El reclamo no es menor. Cuando quienes patrullan las calles señalan incumplimientos, el mensaje que se envía es de desgaste institucional. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿se trata de un problema de falta de liquidez en Oficialía Mayor o de una recaudación que no fue tan abundante como se presume desde Tesorería Municipal? Las versiones oficiales hablan de finanzas sanas, pero la inconformidad policial parece contar otra historia.
Mientras los números se discuten en escritorios y oficinas climatizadas, en las calles la percepción es distinta. La violencia no da tregua y la ciudadanía observa cómo se acumulan los homicidios, los asaltos y la sensación de abandono. Un cuerpo policial desmotivado, cansado o inconforme difícilmente puede rendir al máximo, por más vocación que exista.
Al final, como suele ocurrir, los grandes perdedores no son los funcionarios ni los encargados de cuadrar cuentas, sino los ciudadanos. La inseguridad se vuelve más “peliaguda”, más cercana y más peligrosa. Resolver adeudos administrativos puede parecer un tema menor frente a la magnitud del problema, pero ignorarlo es apostar a que la fractura interna termine por reflejarse, una vez más, en la vida cotidiana de Chihuahua.
Arrancó el año, llegó enero y, como marca la tradición, el Predial dejó de ser un simple impuesto para convertirse en la raja política favorita del momento. Porque en Ciudad Juárez no solo se cobra por metro cuadrado, sino también por metro de discurso. Y el primero en sacar la calculadora —política, claro— fue el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
El edil fronterizo apuntó directo al PAN Municipal, acusándolo de adeudar más de nueve millones de pesos de Predial desde el lejano 2012. Que ahora sí, dicen, “van con todo” para cobrarles. Una postura firme, contundente y muy conveniente en tiempos donde el discurso recaudatorio también sirve para pasar factura partidista.
El detalle curioso —de esos que no vienen en el recibo— es que en 2012, el hoy alcalde todavía despachaba como presidente del Comité Ejecutivo del PAN. Es decir, cuando se generó la deuda que hoy denuncia, el inquilino de la presidencia municipal estaba, políticamente hablando, del otro lado del mostrador. Cosas de la vida… y de la memoria selectiva.
Pero la cosa no termina ahí. Como suele suceder cuando se avientan piedras fiscales, no faltaron quienes recordaron que el propio Cruz Pérez Cuéllar también habría tenido pendientes con el Predial. Así que el asunto pasó de ser un tema de recaudación a una especie de “yo pago, tú no… o tú tampoco”.
Total, el Predial dejó claro que no solo grava casas y terrenos, sino trayectorias políticas completas. Y como todo indica que este intercambio de recibos, señalamientos y facturas morales apenas comienza, habrá que ir sacando las palomitas. Porque este cobro, definitivamente, va para largo.
