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En diciembre de 2025 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el informe de investigación independiente “Venezuela: Impunidad persistente y responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en abusos sistemáticos y crímenes de lesa humanidad”. Veamos algunos hallazgos.

El informe da cuenta de la militarización de la seguridad pública y de la criminalización de la oposición, ya que la “normativa venezolana asimila el conflicto social y la protesta ciudadana a amenazas del orden interno, lo que ha llevado a que la gestión de la movilización social sea asumida como parte de la misión militar. En consecuencia, la disidencia política y la manifestación pública crítica han sido tratadas como ‘enemigos internos’ y riesgos para la seguridad del Estado, en lugar de ser reconocidas como expresiones legítimas de participación ciudadana.”

Las Fuerzas Armadas Bolivarianas y en particular la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “se han transformado en actores políticos, económicos y sociales con creciente poder dentro del aparato estatal. Bajo el modelo de corresponsabilidad cívico-militar, su subordinación al poder civil se ha debilitado, mientras que su influencia en la administración pública y en el control social se ha expandido.”

En ese marco jurídico y de organización se ha desplegado la represión. En 2014, ante la crisis económica, los estudiantes del estado de Táchira iniciaron movilizaciones que se extendieron a otras ciudades. El Informe da cuenta de que ese año: “Las detenciones arbitrarias realizadas por la GNB durante el desalojo por la fuerza de los campamentos de ‘Jóvenes Venezolanos’ alcanzaron a 191 personas (130 hombres y 61 mujeres), que fueron trasladadas a la Zona de Comando 43 de la GNB antes de ser presentadas ante un juez. En esas instalaciones, las personas detenidas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que incluyeron ser esposadas de forma que una persona quedaba sujeta por la mano al pie de otra, lo que les obligaba a desplazarse en posiciones forzadas, así como recibir amenazas de violación sexual”. Ese año “Gloria Tobón fue víctima de actos de tortura, incluida violencia sexual con descargas eléctricas en los senos” y “Juan Manuel Carrasco, tras haber sido detenido, fue violado con la punta del fusil por un funcionario de la GNB mientras estaba junto a otros detenidos en el suelo en posición fetal el 13 de febrero de 2014.”

El abuso contra ciudadanos que ejercían su derecho a la manifestación continuó: es “a partir de 2017 y 2019 que los testimonios de los antiguos funcionarios refieren que la GNB aplicaba detenciones selectivas de manifestantes, en particular de líderes y organizadores, quienes eran trasladados a comandos para ser golpeados, sometidos a tratos vejatorios o interrogados con el fin de obtener información sobre logística y redes de protesta.” Se consigna que sólo en un día se dio la detención arbitraria de 140 personas y se documentan actos de “violencia sexual contra una mujer, una niña de 13 años y un hombre, a quien violaron con una porra”.

En julio de 2024, ante el fraude electoral, se multiplicaron las protestas ciudadanas. Sólo en dos días hubo 935 manifestaciones de las que “138 fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado”. La Guardia Nacional Bolivariana con frecuencia disparó contra los manifestantes, causando 25 muertos e hiriendo a decenas de personas.

Hubo, además, miles de presos políticos: “las autoridades anunciaron en agosto de 2024 que el número de personas detenidas en el contexto de la crisis electoral fue de más de 2,220”. Una mujer que pasaba cerca de una protesta fue detenida con su bebé, al que se le impidió amamantar; los guardias “intentaron extorsionarla con sexo, a cambio de permitirle dar de lactar a su hijo con mayor regularidad”.

Violación, tortura, asesinato: lo mismo que ocurría en las mazmorras de las dictaduras de derecha en el Cono Sur sucede en una dictadura de izquierda en Venezuela. Todo se da con el conocimiento y aprobación de los mandos del régimen.

Ese grupo represor continúa en el poder después de la operación militar de Estados Unidos. Si algo hermana a los cómplices del régimen chavista y a Trump, que intervino con el único propósito de adueñarse de los recursos petroleros del país, es su desprecio por la democracia y por los derechos humanos de la población de Venezuela. Tiempos oscuros para América Latina.