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El Congreso del Estado solicitó a la Comisión Nacional del Agua un informe, sobre los permisos de perforación y concesiones de agua otorgadas de 2013 a 2018 a Alejandro LeBarón, periodo que fungió como titular de la dependencia; así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe de igual manera, sobre los permisos de cambio de uso de suelo otorgados en los mismos años, a Brenda Ríos, periodo correspondiente a su administración como titular de esta dependencia en la entidad.
Lo anterior, luego de aprobar el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, quien dijo que dicha petición es con la intención de que se permita a esta Legislatura actuar con responsabilidad, emitir posicionamientos informados y, en su caso, promover las medidas que resulten pertinentes en defensa del patrimonio natural de Chihuahua y del derecho de los ciudadanos a un manejo honesto, ordenado y transparente de sus recursos.
El diputado explicó que, en fechas recientes, la titular del Poder Ejecutivo Federal ha manifestado públicamente, en diversas conferencias matutinas, la posible existencia de pozos presuntamente irregulares autorizados en el estado de Chihuahua durante una administración anterior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Tales señalamientos no pueden pasar desapercibidos, pues involucran un recurso estratégico cuya disponibilidad define no solo el desarrollo económico del estado, sino también la supervivencia de miles de familias productoras.
De manera paralela, comentó, distintos sectores sociales han señalado que, durante una administración anterior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Chihuahua, se habrían expedido cambios de uso de suelo para actividades mineras sin garantizar plenamente los requisitos establecidos en la legislación ambiental, incluyendo la evaluación técnica, los procesos de consulta indígena cuando resultaba procedente y el cumplimiento de las medidas de mitigación. Este tipo de actos, de confirmarse, significarían no solo una falta administrativa, sino un riesgo directo para los ecosistemas del estado y una posible vulneración de derechos comunitarios.
“Tanto el agua como el suelo son bienes estratégicos de la Nación. Su uso, regulación y aprovechamiento deben servir al bien común, es decir, al bien de todos los mexicanos, no a intereses particulares, políticos o económicos. Cualquier sospecha de irregularidad debe ser atendida con prontitud y transparencia. No se puede permitir que decisiones administrativas del pasado se conviertan en mecanismos de privilegio, discrecionalidad o control del territorio en manos de unos cuantos”, declaró.
Por último, agregó que la «defensa del agua en Chihuahua no admite colores partidistas, que no se trata de intereses personales ni de confrontaciones políticas, sino de proteger un recurso que pertenece a todos y cuyo uso debe garantizar legalidad».
Es de destacar que a la petición se agregó una moción presentada por la diputada Brenda Ríos Prieto, en el sentido de que se amplíe el periodo de investigación para que sea desde el año 1992 a la fecha.
Así mismo, se aprobó la petición del diputado Alfredo Chávez a fin de agregar un resolutivo en el que se especificó la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República para que se haga una investigación amplia desde el año 1992.
