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Un vendaval de inspecciones federales azotó las playas idílicas de Tulum, Quintana Roo, donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) irrumpió con sellos de suspensión en el exclusivo Hotel Diamante K, propiedad del controvertido empresario y actor Roberto Palazuelos, conocido como el «Diamante Negro«, tras destapar un laberinto de irregularidades que convertían el sueño vacacional en una pesadilla financiera para los turistas desprevenidos, con habitaciones que se disparaban hasta 13,860 pesos por noche, un monto que pulveriza los promedios locales y que ha encendido la ira de visitantes que pagaron fortunas por un edén maya que prometía serenidad pero entregaba facturas asfixiantes.
El operativo, desencadenado por una avalancha de denuncias de huéspedes y residentes sobre el incremento desbocado en precios de servicios turísticos, abarcó 29 establecimientos en el centro de Tulum y el Parque Jaguar, donde inspectores de Profeco desenterraron no solo tarifas astronómicas —una habitación doble en el Diamante K superaba el 890% al 1,880% el promedio de 700 a 1,400 pesos en la zona urbana—, sino un rosario de violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): menús en dólares sin precios claros, inducción al pago obligatorio de propinas, ausencia de términos y condiciones del servicio, y la falta de comprobantes fiscales que dejan a los clientes en la oscuridad absoluta. En el restaurante Casa María del hotel, platillos como guacamole a 280 pesos, hamburguesas por más de 400 pesos y tacos triples en 400 pesos completaban el cuadro de abusos, mientras cabañas «económicas» con baño compartido arrancaban en 1,340 pesos y suites frente al mar escalaban a 2,800 pesos, un festín de precios que Profeco tildó de «alarmantemente alto» en un destino ya saturado de especulación post-pandemia.
Esta clausura no golpea solo al Diamante K, sino que arrastra a otros tres hoteles en la mira: Pocna Tulum, Villa Pescadores —propiedad del sobrino de la chef Susana Palazuelos, hermana de Roberto— y Cabañas Playa Condesa, todos acordonados por las mismas fallas que convierten el turismo en ruleta rusa para el bolsillo del consumidor. El hotel, un oasis ecológico de 32 cabañas con esculturas mayas y acceso directo a playas protegidas, se jacta en redes de su «aldea maya» de lujo, pero la realidad expuesta por los verificadores revela un modelo depredador que ignora la exhibición obligatoria de precios y prioriza el lucro sobre la transparencia, dejando a familias endeudadas y a influencers indignados que ahora cuestionan si el glamour de Palazuelos esconde un esquema de extorsión disfrazada de hospitalidad.
Palazuelos, inmerso en la promoción de su rol como alcalde Windancer en Zootopia 2, no ha emitido ni un susurro sobre el escándalo, permitiendo que el silencio de su imperio turístico —que incluye taquerías como Tacos Papi— alimente especulaciones sobre negligencia o cálculo estratégico, mientras Profeco exige correcciones inmediatas bajo amenaza de multas millonarias. Este cierre temporal, que paraliza reservas y eventos en un Tulum donde el turismo representa el 80% de la economía local, resuena como un terremoto ético en un paraíso donde el sol quema la piel pero los precios abrasan las finanzas, recordándonos que en México, el lujo sin ley no es un sueño, sino una trampa que devora ilusiones y bolsillos por igual.







