En las venas expuestas del sur de Chihuahua, donde el asfalto se funde con el polvo de sierras traicioneras, un convoy de camionetas blindadas y hombres con cuernos de chivo irrumpió como un dragón de acero el sábado 15 de noviembre, apoderándose de la carretera Parral-Jiménez con la impunidad de quien sabe que el estado es un coloso de pies de barro. Al menos tres vehículos pesados, robados en emboscadas previas y cargados con el hedor de la venganza, bloquearon ambos sentidos de la vía a la altura del kilómetro 50, un nudo mortal que estranguló el flujo de familias aterrorizadas, transportistas varados y sueños de fines de semana rotos. No era un simple corte vial: era el rugido de La Línea, esa garra del Cártel de Juárez que disputaba con uñas y plomo el control del Triángulo Dorado contra Los Salgueiro, facción sinaloense que acababa de ser diezmada en el carril hípico Santa Teresa. Siete cuerpos acribillados en la arena de carreras –incluidos mandos como “El Benito” Molina y “El Güilo” Parra– fueron el detonante, un baño de sangre que desató persecuciones infernales, tiroteos en Valle de Allende y un “levantón” de “El Pana” que dejó el aire cargado de promesas de más tumbas. Vecinos, asomados desde ranchos temblorosos, grabaron el convoy serpenteando como una procesión macabra, con sicarios que interrogaban a conductores detenidos y robaban unidades para engrosar su armada, un espectáculo de terror que paralizó comercios en pleno Buen Fin y obligó a caravanas de evacuación hacia Santa Bárbara, donde el miedo se contagia como niebla venenosa.

Mientras el convoy narco dictaba ley en la carretera, con llantas quemadas como barricadas y el eco de disparos que perforaba la sierra, las autoridades de “seguridad” se regodeaban en salones climatizados de Chihuahua capital, presumiendo reuniones estériles que suenan a farsa en medio del caos. La Mesa para la Construcción de la Paz, convocada por la gobernadora Maru Campos para este martes en Parral, se anuncia como panacea con discursos de “coordinación integral” y despliegues de la Guardia Nacional, pero llega tarde, como siempre, cuando el polvo de los bloqueos ya se asienta en velorios improvisados. El secretario Gilberto Loya, con el rostro de póker en conferencias, balbucea de “investigaciones en curso” y gabinetes de vigilancia, pero el pueblo ve la verdad cruda: helicópteros que sobrevuelan horas después, retenes que evaporan ante el convoy y un 911 que responde con estática mientras madres rezan por hijos atrapados en el fuego cruzado. Diputados como Guillermo Ramírez claman por “unir fuerzas”, pero ¿dónde estaban esas fuerzas cuando el convoy se adueñó de 50 kilómetros de vía federal, robando autos y sembrando pánico en un radio que incluye pueblos enteros? Esta hipocresía no es nueva: es el pulso podrido de un sistema donde las cumbres de seguridad son selfies para redes, y la realidad es un convoy que dicta itinerarios con balas, dejando a Parral como un pueblo sitiado donde el Buen Fin se celebra con candados y oraciones.

El telón de esta farsa sangrienta se tiñe de ironía: mientras el convoy se disolvía en la oscuridad, dejando heridos y un rastro de casquillos como migajas de su banquete, la fiscalía estatal actualiza cifras en boletines que nadie lee, prometiendo careos y decomisos que nunca llegan a las cúpulas. Familias de los caídos en Santa Teresa –músicos que se escondieron tras barreras, apostadores que corrieron por sus vidas– exigen no solo justicia, sino presencia: drones que no fallen, patrullas que no huyan y un gobierno que deje las mesas para empuñar el timón real. En un Chihuahua donde las carreteras son venas abiertas al narco, este convoy no es anomalía, sino el rostro de la capitulación: la “seguridad” presume fotos de abrazos institucionales mientras los criminales organizan eventos a cielo abierto, convierten hipódromos en campos de muerte y carreteras en sus dominios privados. El pueblo, harto de bloqueos que duran horas y promesas que se evaporan, contiene el aliento ante la Mesa de Paz, sabiendo que si no trae tanques y no solo palabras, el próximo convoy no será de camionetas, sino de indignación colectiva que nadie detendrá.

En el crepúsculo de esta frontera indómita, donde el Ávila de Parral guarda ecos de revoluciones pasadas, el convoy armado se erige como ultimátum: la seguridad que presume cumbres es un espejismo, y solo un asalto frontal –con inteligencia que penetre las sierras y voluntad que no tiemble ante los capos– podrá reclamar las carreteras para los justos. Mientras el sol se hunde sobre Jiménez, dejando un cielo rojo como herida abierta, Parral jura no doblegarse: que las reuniones se conviertan en redadas, las fotos en hechos y la paz, por fin, en realidad tangible. De lo contrario, el rugido de los motores narco ahogará los aplausos de las mesas, y Chihuahua sur se convertirá no en zona de paz, sino en epicentro de un infierno que consume generaciones enteras.