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Desde hace tiempo se advirtió el autoritarismo del régimen Morenista. El debilitamiento de las estructuras democráticas de nuestro país ya no es un mito, no es un fantasma, es totalmente real, a la vista de todos y cada vez de más descarado. Lo más reciente: la reforma a la Ley de Amparo que lo debilita totalmente.
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Para abordar este tema lo primero sería entrar a definir el amparo de una forma clara. Todo aquello que hace la autoridad o que deja de hacer (omisión), sea del nivel que sea, es un acto de autoridad. Ese acto de autoridad impacta la vida de las y los ciudadanos, ese impacto tiene una consecuencia que puede dañar a ese ciudadano o ciudadana, y, en caso de daño, este acudía al juicio de amparo para protegerse, defenderse de ese acto.
Al López Obrador le molestaba mucho que un ciudadano tuviera el poder para detener, por medio del juicio de amparo, cualquiera de sus caprichos presidenciales. Para el autoritario, cualquier freno al ejercicio del poder es incomprensible e inaceptable.
Por medio de esta figura era posible obligar al gobierno a hacer o dejar de hacer: Súrtele sus medicamentos a la gente, arregla las carreteras, destina recursos para algo más que no sean becas, no tires el dinero en un tren, no tires el dinero en un aeropuerto, no destruyas la educación en México.
Cada amparo interpuesto y cada suspensión otorgada le dolían en el alma porque para el poder no hay freno ni autocontención, al contrario, el poder, y el autoritario no se contienen, se expanden, se extralimitan.
López acabó su sexenio, pero dejó esa semilla, ese germen más bien, implantado en todo Morena. Hay que acabar con los contrapesos del poder. Acabar con el legislativo, domar a la Corte y terminar con todo aquello que implicara control a los caprichos presidenciales.
En este escenario era imposible que no tocaran el juicio de amparo, el único medio de control constitucional de los actos de autoridad al que podía acudir el gobernado, es decir las y los ciudadanos, y tener una manera de detener esa actuación o esa omisión lesiva a su esfera jurídica.
Para justificar la tropelía, hacían eco de amparos que en realidad son casos aislados, escandalosos, como si esos fueran la regla general en una figura por demás noble y protectora de los derechos de todas y todos. El gran problema es el acotamiento y limitación de los alcances de la suspensión temporal y definitiva y por ende el blindaje que con esto se le da a las autoridades. Menos poder al ciudadano, más poder al poder. Veremos como concluye todo este lamentable asunto.
Lic. Francisco “Paco” Navarro
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