El llamado “Cártel Inmobiliario” surgió como una red de corrupción operada por funcionarios y exfuncionarios públicos, principalmente de extracción panista, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Durante más de una década, aprovecharon cargos públicos para autorizar construcciones irregulares a cambio de departamentos, beneficios económicos y favores políticos. La trama incluye a personajes como Christian von Roehrich, Luis Vizcaíno, Nicias René Aridjis y Jorge Romero Herrera, actual presidente nacional del PAN.
Las investigaciones oficiales comenzaron en 2021, cuando una explosión en un edificio de departamentos, ubicada en la colonia Portales, expuso graves irregularidades estructurales. El inmueble afectado tenía más pisos de los permitidos, alojaba más departamentos de los autorizados y presentó daños severos tras la detonación de una lavadora. Las indagatorias iniciales por Protección Civil derivaron en una denuncia formal por corrupción inmobiliaria.
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A partir de ese hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación que destapó una red de complicidades entre funcionarios de la entonces delegación Benito Juárez y empresas desarrolladoras. El esquema consistía en intercambiar permisos de construcción por departamentos, dinero u otros favores. Según las investigaciones, los inmuebles se construían violando normas de uso de suelo, densidad y altura, lo cual representaba un riesgo para la seguridad de los habitantes.
Uno de los principales operadores fue Christian von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez, quien enfrentó una orden de aprehensión y posteriormente fue detenido en Reynosa, Tamaulipas. Se le acusó de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones. En su administración, se aprobaron múltiples desarrollos inmobiliarios irregulares.
Otro nombre clave fue Nicias René Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, quien habría recibido varios departamentos como “pago” por autorizar construcciones fuera de norma. En tanto, Luis Vizcaíno, exdirector Jurídico y de Gobierno, también fue vinculado a proceso penal por enriquecimiento ilícito. Ambos habrían acumulado una cantidad significativa de bienes inmuebles no declarados.
Las investigaciones también involucraron a empresas fachada y a prestanombres. Documentos revelaron que algunos desarrollos fueron adjudicados a constructoras vinculadas a familiares o personas allegadas a los exfuncionarios. La Fiscalía aseguró propiedades y congeló cuentas bancarias como parte del proceso legal.
Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del Partido Acción Nacional, fue jefe delegacional en Benito Juárez entre 2012 y 2015. Aunque no ha sido acusado formalmente por las autoridades, su nombre ha sido mencionado en declaraciones ministeriales y en medios de comunicación como parte del entramado político que permitió la operación de este esquema durante su administración. Diversas voces han exigido una investigación a fondo de su papel dentro de esta estructura de poder.
En el contexto político, la jefa de Gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum, respaldó las investigaciones e insistió en que no se trataba de una persecución política, sino de un combate a la corrupción estructural. El caso ha escalado a nivel nacional, poniendo en entredicho la transparencia de gobiernos locales e impactando la imagen del PAN.
Actualmente, el proceso judicial continúa y más de una decena de exfuncionarios han sido vinculados a proceso o enfrentan órdenes de aprehensión. La alcaldía Benito Juárez sigue bajo la lupa de las autoridades capitalinas, y se han puesto en marcha auditorías a desarrollos inmobiliarios aprobados en los últimos 15 años.
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