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Los poderes fácticos, como lo son partidos políticos y miembros de la delincuencia organizada, podrían intentar influir en la elección de jueces y magistrados a nivel nacional, fechada para 2025.
Por consiguiente, Ernesto Avilés, vocero de la Federación de Colegio de Abogados, mencionó que, aunque las leyes secundarias incluyen medidas para prevenir injerencias, persiste la duda razonable sobre quiénes respaldan a los candidatos. Y enfatizó la necesidad de que colegios y sociedad civil mantengan vigilancia para impedir que actores políticos, económicos o del narcotráfico intervengan en el proceso, clave para garantizar justicia imparcial en la entidad.
