POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
El despedir a los 11 ministros de la SCJN sin indemnización o haber de retiro, el reducir a 9 el número de sus integrantes, elegir a todos los operadores de la administración de justicia desde ministros hasta jueces mediante elección universal, directa y secreta, el entregar todo el recurso de los fideicomisos del poder judicial a la tesorería de la federación para integrar el fondo de pensiones, reducir la permanencia en los cargos de ministras y ministros dependiendo del número de votos que obtengan en el proceso de elección, la desaparición del consejo de la judicatura, creándose el tribunal de disciplina judicial y el órgano de administración judicial y una vez que se apruebe la reforma al congreso de la unión y los estados, tendrán 180 días para hacer las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que correspondan para dar cumplimiento a este mandato, desaparece el principio de paridad de género en la elección de magistrados y magistrados de circuito así como las juezas y jueces de distrito desaparecen las 2 salas de la corte y el pleno conocerá de todas las cuestiones que lleguen teniendo que ser públicas las sesiones, la elección de los juzgadores corresponderá con el proceso electoral del nuevo gobierno, las remuneraciones que reciban todos los funcionarios judiciales no será mayor al que recibe el Presidente de la República.
Para aspirar a ser ministro de la corte, se deberá contar con 35 años de edad cumplidos al momento de la elección, con una antigüedad mínima de 10 años con el título profesional de licenciado en derecho, haber residido 2 años anteriores a la elección en el país, no haber formado parte del gabinete ni haber sido magistrado del tribunal electoral, senador, diputado federal, o primer mandatario federal durante el año previo al día de su elección.
Estos son algunos de los cambios que se proponen dentro de la reforma judicial presentada por el presidente Lopez Obrador, que se asegura no se le moverá ni una coma, pero que se ha comenzado a presentar mediante la realización de foros de consulta en todo el país, donde se están trasladando parte de los integrantes de la comisión de asuntos constitucionales de la cámara de diputados.
En principio, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de reformar al poder judicial sólo que las formas no corresponden totalmente a las pretensiones de mejorar su funcionamiento
La elección por voto directo y no por méritos y capacidad profesional de los ministros magistrados y jueces, abre la posibilidad de que los poderes fácticos económicos, políticos y criminales, escojan, promuevan y apoyen a quienes les representen beneficios directos a sus intereses, encogiéndose los más populares y no a los más capaces.
La reducción del mandato a las ministras y ministros de 15 a 12 años así como a los magistrados electorales de 9 a 6 coincidiendo con el periodo presidencial afecta la garantía de permanencia y movilidad del cargo así como su total independencia judicial, al sincronizar los mandatos judiciales, además de que se promueve también la politización del sistema judicial,
De igual manera la elección popular de los integrantes del tribunal de disciplina judicial podría llevar a la selección de candidatos basada en consideraciones políticas en lugar de su competencia profesional y ética.
Por la serie de implicaciones que conlleva una reforma de gran calado como se espera en esta reforma judicial, es necesario que se amplíen a las fiscalías de todo el país, a las defensorías de oficio, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a las escuelas y facultades de derecho y en general a todas las instituciones relacionadas con la procuración, administración de justicia y defensa de los derechos humanos.
Se ha comenzado a manejar sobre la posibilidad de un paro de labores integral para el 15 de Agosto por parte de toda la estructura judicial en el país, lo que representaría una seria afectación a la vida jurídica de la República, además de constituir una respuesta a la falta de respeto, aunado a la serie de atropellos a los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales.
Los abogados litigantes como integrantes del foro jurídico local, hemos recibido solo promesas de mejoramiento en la forma, operación y procesamiento de los juicios donde intervenimos; el ayuno de voluntad, interés, aunado a la falta de recursos, han hecho inoperantes muchos de los reclamos que reiteradamente presentamos los abogados organizados ante las autoridades del poder judicial.
El ministro Ortiz Mena, en su intervención inicial señaló que“se debe asegurar que los litigantes privados y públicos sean profesionales de estatura ética y profesionalismo mediante exámenes de conocimientos y sanciones por faltas a la administración de justicia aplicadas por el órgano de administración del poder judicial”
Sin embargo, la capacitación que se recibe por los órganos institucionales a todo el personal judicial y de las fiscalías, no se comparte con los abogados privados, muchos de los cuales por no estar asociados en colegios y agrupaciones gremiales de juristas, no tienen posibilidad de incorporarse en temas de capacitacion y actualizacion.
Ojalá y esta apertura incipiente que se presenta con la realización de estos foros de consulta, sean tomados en cuenta por el congreso de la unión ya que en caso contrario la democracia como la conocemos será tema de olvidos y no de avances como los esperamos.
· ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
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