Y vaya que se puso bueno el show en una cantina de Saucillo para festejar el Día de las Madres, que hasta striper hubo, pero lo que no les contaron es que el establecimiento ni permiso tiene para este tipo de espectáculos y ni se diga aforo o licencia de funcionamiento.
Esto, no les importó a las autoridades que hacen ojo ciego ante este tipo de sucesos; que se supone debería estar bajo toda regla y simplemente se la pasaron por el arco del triunfo.
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Claro, que al ser festejo para las mujeres, políticamente correcto, pues no hay nada que perseguir. Nomas imagínense el alboroto que se haría si fuera Día del Padre y hubiera una bailarina exótica. Ahí si el grito en el cielo. En fin, la hipotenusa diría la chaviza.
La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, A.C. (APCJ) ha anunciado una protesta en forma de plantón frente a las oficinas de la Subdelegación 2 del IMSS para el día 13 de mayo. La razón detrás de esta acción es la desatención por parte de la Delegación estatal del IMSS hacia un conflicto relacionado con un edificio propiedad de la APCJ y ocupado en renta por el Instituto. Según Eduardo Borunda, presidente de la APCJ, las negociaciones con el IMSS para actualizar la renta de dicho edificio se estancaron, con el Instituto solicitando documentos repetidamente sin ofrecer propuestas concretas desde mayo de 2023. A pesar de múltiples intentos de diálogo, la APCJ ha recibido una falta de respuesta por parte de las autoridades estatales, lo que ha llevado a la asociación a solicitar la intervención del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.
Este conflicto refleja una preocupación legítima por parte de la APCJ, no solo en términos de su patrimonio, sino también en cuanto a la seguridad social de los periodistas socios, cuyos recursos se ven comprometidos por la retención de fondos necesarios para financiar actividades y servicios esenciales. La falta de respuesta por parte de las autoridades del IMSS pone en evidencia una dinámica desigual en la negociación del contrato de renta, dejando a la asociación periodística en una situación vulnerable ante las prácticas ventajosas del Instituto.
La jueza primera de Distrito, Flor Gómez Peinado, ha dictaminado la negación de la suspensión definitiva en el proceso de solicitud de juicio de amparo presentado por el excoordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio P., contra la medida cautelar de prisión preventiva en la segunda causa penal que enfrenta. Con casi ocho meses ya en detención por los procesos en su contra, Antonio P. no logró convencer a la jueza de la inexistencia de los elementos que justifican su encarcelamiento. La resolución, emitida esta semana, refuerza la posición judicial en torno al presunto desvío de recursos, con la jueza Luisa Gámez apuntando que el exfuncionario habría aceptado un pago irregular al dejar su cargo en 2018, lo que se suma a la presunción de riesgo de fuga dada la flexibilidad de su trabajo, según argumenta la jueza.
La audiencia, que se extendió por casi siete horas, evidenció los esfuerzos de la defensa por desvirtuar las acusaciones, presentando testigos que intentaban justificar los ingresos del exfuncionario. Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes para cambiar el curso del proceso judicial, que mantiene a Antonio P. tras las rejas mientras enfrenta los cargos por peculado agravado. La decisión judicial subraya la seriedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar la integridad del proceso ante la posibilidad de evasión de la justicia.
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