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Por unanimidad de votos, el Congreso le ha exhortado al Gobierno Federal que otorgue recursos para combatir la actual crisis de sequía en el Estado de Chihuahua, pues, según el Monitor de Sequía de América del Norte (NADM, siglas del inglés North America Drought Monitor), la problemática ha adquirido niveles «excepcionales», en el sentido de que genera pérdidas generalizadas de cultivos o pastos, gran riesgo de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, y demás.

El diputado Ismael Pérez Pavía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante los legisladores la iniciativa para solicitarle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que proporcione recursos extraordinarios y, así, garantice «la disponibilidad y gestión sostenible del agua, protegiendo […] el bienestar de la población y el desarrollo del país [a] largo plazo».

Advirtió que, según revela el diagnóstico del NADM, a México le esperan graves consecuencias inmediatas para 2024; entre ellas, un déficit alimentario ocasionado por el descenso de hasta el 40% en la producción del maíz y otros productos básicos, lo que implicaría mayores importaciones y un alza considerable de precios. En lo atinente a Chihuahua, ha señalado posibles pérdidas en la siembra de cebolla, maíz, alfalfa, avena, y, aún más, de alimento para el ganado, de aquí hasta el 2025, todo por la falta de lluvias.

Valiéndose de cifras de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), enfatizó que Chihuahua es uno de los nueve estados con falta de recurso hídrico en gran parte de su extensión territorial; de sus sesenta y siete municipios, treinta y tres atraviesan por una grave panorama, hecho por el cual adquirió el estatus de la segunda entidad federativa con mayor sequía «excepcional», sólo por debajo de San Luis Potosí. Inclusive conjeturó que las autoridades no han de tardar en declarar a Chihuahua en situación de emergencia.

Por todo lo anterior, Pérez Pavía le exigió a SEMARNAT una respuesta urgente y efectiva, que invierta en infraestructura hídrica y asegure la distribución de agua para la población. En su línea de pensamiento, resulta preocupante que, en lugar de velar por este derecho, la Federación disminuye el presupuesto de programas especializados en el tema.