Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para que resuelva sobre la suspensión que frena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la entrega de más de 15 mil millones de pesos de estos a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por unanimidad, los magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinaron que el asunto debe ser estudiado por la Corte, debido a la relevancia y trascendencia del caso.
Se trata del amparo que promovió la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), el cual fue admitido a trámite y obtuvo la suspensión por parte de una jueza federal.
Sin embargo, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado señaló que la Corte debe analizar el caso para determinar si los jueces y magistrados se encuentran impedidos para conocer el asunto.
Lo anterior, porque la consecuencia del derecho reclamado “es la extinción de diversos fideicomisos que podría tener impacto o no en derechos adquiridos con motivo del desempeño de su encargo, aspecto que evidencia el posible riesgo en la pérdida de imparcialidad”.
En la sesión, el magistrado Antonio Monroy manifestó que el caso reúne la trascendencia necesaria para ser estudiado por el Alto Tribunal, debido “a la existencia de un conflicto de poderes y la afectación política que generará el asunto”.
El pasado 8 de noviembre, Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México frenó la eliminación de los fideicomisos y el traspaso de más de 15 mil millones de pesos.
La medida cautelar ordena que “se suspendan todas las consecuencias” del Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos transitorios, segundo, tercero, cuarto y quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre del presente año.
Este caso ha generado que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestione a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ya que había aceptado la propuesta de que el dinero de los fideicomisos se destinará a los damnificados de Acapulco, tras el paso del huracán Otis, pero los jueces presentaron el amparo para detener la entrega de los recursos.
