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La figura del «súper» delegado Juan Carlos Loera se ve empañada por la reciente situación en Chihuahua, donde algunos adultos mayores enfrentan dificultades para cobrar sus pensiones del Bienestar debido a la inoperancia de algunos bancos locales. Mientras tanto, Loera y sus «servidores de la nación» estuvieron en Acapulco brindando asistencia después de la tragedia provocada por el huracán Otis y la negligencia de la 4T. Esta discrepancia en la respuesta a las necesidades de diferentes regiones ha generado críticas, ya que, si bien es importante ayudar a quienes sufren las consecuencias de desastres naturales, no se puede pasar por alto la falta de eficiencia en la gestión de asuntos locales en Chihuahua.
La percepción de que la atención a problemas en otras regiones se prioriza sobre los asuntos locales resalta la necesidad de una administración más efectiva por parte de la Delegación y un enfoque equitativo para abordar los desafíos en Chihuahua, especialmente cuando se trata de garantizar que los ciudadanos reciban sus beneficios de manera oportuna y sin obstáculos innecesarios.
El registro de Andrea Chávez Treviño, miembro destacado de Morena, para el Senado no sorprende a muchos observadores políticos, ya que desde hace meses su presencia en el escenario político chihuahuense ha sido notable. Con numerosos anuncios espectaculares en Chihuahua y, en particular, en Ciudad Juárez, ha dejado claro su interés en seguir escalando en la búsqueda de cargos públicos. Incluso se ha rumoreado que aspira a convertirse en gobernadora de Chihuahua en el futuro, respaldada por la comunidad académica y el apoyo de la cúpula de su partido. Sin embargo, en la actualidad, la edad juega un papel crucial, ya que, a pesar de su ambición, no cumple con el requisito mínimo de 30 años para postularse como gobernadora. Andrea Chávez ha estado activa y ha impulsado reformas constitucionales para modificar ciertos artículos del Pacto Federal que podrían eliminar restricciones basadas en la edad. En este contexto, la pregunta que se plantea es qué estrategias adoptarán los partidos de oposición, como PRI, PAN y PRD, y cuáles serán las nuevas caras que presentarán para enfrentar a Andrea Chávez y su equipo en el futuro.
Esta situación plantea un interesante escenario político en Chihuahua, donde la lucha por el poder y la renovación generacional están en primer plano, y donde las próximas elecciones podrían ser un escenario crucial para determinar el rumbo del estado.
En la arena política, el senador Rafael Espino ha planteado un análisis profundo sobre la propuesta de recortar la jornada laboral, argumentando que aplicarla de manera rígida sería una medida irresponsable que podría tener consecuencias negativas para las pequeñas y medianas empresas. Espino, conocido por su actitud crítica hacia diversas iniciativas de Morena, como la reforma eléctrica, el Plan B de la reforma electoral y la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, fundamenta su postura en su experiencia como empresario.
Por otro lado, la diputada Susana Prieto impulsa un plan que busca reducir las horas laborales de 48 a 40 por semana, argumentando razones humanitarias para permitir a los trabajadores tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, el senador subraya que esta medida podría tener un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, que representan el 70% de las plazas de trabajo en el país. Según Espino, estas empresas carecen de recursos para afrontar los costos adicionales que implicaría la reducción de la jornada laboral y podrían verse obligadas a disminuir su operatividad, lo que va en contra de la necesidad de crear empleos de calidad en estados como Chihuahua.
La controversia en torno a la no distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua sigue dando de qué hablar, ya que la directora de Administración de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Ana Lilia Baca, ha afirmado que la única autoridad con la facultad para distribuir estos materiales de la 4T en las escuelas del estado es la Secretaría de Educación Pública Federal. Esto pone de manifiesto que la responsabilidad recae en el ámbito federal, y no en el gobierno estatal. Además, se resalta que la única entidad autorizada para la elaboración de los materiales educativos en las aulas de educación pública es la SEP, lo que añade una capa adicional de controversia en cuanto al papel de los «cuadernillos» que se han adquirido a un alto costo, su proceso de creación y certificación, y su posible intento de suplantar a los libros oficiales.
Además, Ana Lilia Baca ha argumentado que, según la Ley General de Transparencia, la información sobre los contratos de los «cuadernillos» que el gobierno estatal adquirió por más de 65 millones de pesos ya no debería considerarse como reservada. Esto se debe a que, tras la distribución de los libros de texto y el desistimiento de los amparos, el asunto se ha convertido en un tema de interés público, aunque inicialmente se alegó que estaba en proceso deliberativo. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos y materiales educativos en el estado.
