CHIHUAHUA.- Vladimir Vejar Gómez, juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, le ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que ceda a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación en contra del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, vinculado a proceso por el presunto delito de tortura psicológica contra personas interrogadas en medio de la Operación Justicia para Chihuahua, en la que fue uno de los principales partícipes. Le otorgó al Estado un plazo máximo de tres días y remarcó que la petición no depende de la voluntad de la FGE.
Este 11 de enero, la FGR, ejerciendo su facultad de atracción, realizó una audiencia en la que Vejar Gómez aceptó asumir la competencia en el proceso, identificado con la causa penal 3176/2022, contra González Arredondo. Así, el juez federal deberá solicitarle a la jueza de control Hortensia García Rodríguez, encargada del caso, que se declare incompetente en el caso, que instruya a la FGE para entregar los expedientes y que programe una audiencia federal.
La FGR remarcó que la disposición es de carácter unilateral, cuyo cumplimiento es obligatorio. De oponerse a la orden, se propiciaría un conflicto de competencias e, incluso, una denuncia contra la administración chihuahuense por desacato.
La defensoría de González Arredondo, encabezada por Iker Ibarreche Pereda, le solicitó a Vejar Gómez que retirara la medida cautelar de prisión preventiva y que, en cambio, le interpusieran arresto domiciliario. La FGR indicó que, de aprobarse, una vez en posesión de la carpeta de investigación, se fijarían varias condiciones: que entregara su pasaporte y visa para procurar que no saliera del país, que compareciera ante las autoridades de manera quincenal, que no se acercara a las víctimas y que entregara una garantía económica de 100 mil pesos.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, aseguró que las autoridades no interferirán en la instrucción de la FGR, sino que aguardarán la respuesta de la FGE. Dijo: «Yo creo que, en ese caso, la Fiscalía tendrá que hacer lo propio. Y nosotros, únicamente, [estaremos] atentos. Es un asunto judicial».
El trasfondo
Para investigar la corrupción y los desvíos de recursos cometidos durante el mandato de César Duarte, el exgobernador Javier Corral anunció en 2016 la Operación Justicia para Chihuahua, conformada por un equipo de especialistas entre los cuales figuraba González Arredondo como principal perito.
En medio de la Operación fueron detenidos más de 15 funcionarios; de ellos, algunos denunciaron que, en medio de los interrogatorios, fueron sometidos a tortura en la antigua Casa de Gobierno por parte de los entonces trabajadores de la FGE. Y en 2018 se designó a González Arredondo como fiscal de Derechos Humanos, cargo al que desistió en 2021 con la llegada del nuevo gobierno.
El pasado martes 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las acciones de la administración estatal y advirtió que, a su juicio, todo aquel que llegó a denunciar los actos de corrupción cometidos por Duarte o su administración son objeto de persecución, hostigamiento y venganza política.
El 25 de noviembre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, recibió un escrito de González Arredondo, en el cual le pidió que asumiera las indagatorias, pues —remarcó— los testigos protegidos que lo denuncian llegaron a ser colaboradores de Duarte. Fue hasta el sábado 16 de diciembre que la FGR le otorgó a la FGE un plazo máximo de 24 horas para que le entregara una copia de los expedientes contra González Arredondo.
Hasta el 20 de diciembre, la FGE publicó un comunicado para responderle a la FGR. Refirió encontrarse imposibilitada jurídicamente para atender su llamado, puesto que —detalló— la etapa actual en la que se encuentra el procedimiento, en la integración de la carpeta, un juez fue designado como autoridad oficialmente encargada.