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CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.- Ante la posibilidad e insistencia de las autoridades educativas de obligar a los alumnos a la adquisición de un paquete de uniformes, ofrecido solo por una empresa, los diputados de Morena presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En una acción conjunta en Chihuahua capital, ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes, los diputados dieron a conocer que existe un sustento legal para abrir una investigación sobre el posible conflicto de interés de las autoridades educativas y el lucro que se realiza con la compra de los uniformes, ya sea por acción u omisión.
Respecto a la suspensión que anunció el gobierno del estado, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo manifestó que la obligatoriedad no debe suspenderse temporalmente sino que no debe de existir, y celebró que se haya cedido a las exigencias de los ciudadanos lo que da la razón a la queja y denuncia presentadas.
“Los jóvenes no deben estar condicionados a tener acceso a la educación, que bueno que el gobierno del estado reflexiona suspende el proceso que a todas luces es irregular”, dijo.
Estrada Sotelo informó que esta denuncia se sustenta en el nombramiento de Marco Licón Barraza como Director General del Colegio de Bachilleres y la responsabilidad sobre el cambio de los uniformes escolares de uso diario y deportivo para los estudiantes del sistema de bachilleres, haciéndose del conocimiento a los padres de familia la obligación de adquirir dichas prendas de vestir con un determinado proveedor, a un costo aproximado de 2 mil 316 pesos.
Los diferentes planteles educativos brindan información respecto a los requisitos para llevar a cabo la inscripción en el próximo ciclo escolar y proporcionan a los padres de familia, una cuenta bancaria en la cual deben de hacer el deposito por concepto de compra de los uniformes.
En este sentido, el diputado manifestó que es importante que la autoridad investigue la legalidad o no de la determinación de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, respecto a la obligatoriedad determinada en cuanto al uso de los uniformes escolares.
Destacó que no existe sustento legal alguno ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres.
El lucro que se obtendrá por la obligatoriedad de la adquisición de este paquete de uniformes ronda en los 36 millones de pesos aproximadamente, algo que sin duda trae un beneficio injustificado para la persona física o moral que funge como proveedor de las citadas prendas de vestir, y que ocasiona una afectación económica a los padres de familia.
“Esto evidencia la política que se vive en Chihuahua, mientras a los grandes empresarios se les regalan terrenos millonarios, a los estudiantes y padres de familia se les pretende obligar a pagar uniformes caros y a un solo proveedor”.
