CHIHUAHUA.- Durante una ceremonia en la cual autoridades estatales celebraron que Chihuahua recibió certificación «de alta profesionalización en la aplicación del Protocolo de Estambul», estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) alzaron la voz en contra y reclamaron que, contrario a como asegura la versión gubernamental, el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal de Derechos Humanos, incumplió lo establecido por esas mismas normas internacionales.
Este lunes 20 de febrero, en punto de las 10:00 horas, tuvo lugar en el Auditorio Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, ubicado en el campus I de la UACH, en el posgrado de Derecho, una conferencia para dar inicio la tercera etapa del Curso de Alta Formación en Aplicación del Protocolo de Estambul, a donde acudieron el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez Padillas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, y la fiscal en Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Miriam Aguilera Mercado.
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Durante el evento, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y César Jáuregui Moreno, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 25 de enero de este año, enviaron mensajes a favor de impartir justicia y respetar los derechos humanos de las víctimas de tortura. En particular, la mandataria estatal mencionó: «Hablar del Protocolo de Estambul es hablar de un consenso internacional, de códigos éticos y de normas jurídicas en contra de la tortura, el trato humano y denigrante. […] Nunca más debe ser utilizado como arma política o como instrumento necio de poder».
Poco menos de una hora después, ya terminada la conferencia, una joven —cuyo nombre pidió permaneciera reservado—, alumna del octavo semestre en Derecho e integrante del Movimiento Estudiantil Justicia para el Maestro Francisco González Arredondo, se acercó a medios de comunicación para pronunciarse en contra de lo mencionado por Campos Galván y Jáuregui Moreno.
Tres fueron sus reclamos: que la aplicación del Protocolo —y sus aplicantes— no cumpliera la participación de un médico certificado, que costara 600 mil pesos y que la administración estatal promueva el debido trato a las víctimas de tortura cuando ella misma somete a actos inhumanos a González Arredondo, quien permanece en una celda de apenas 3 metros cuadrados, aislado, imposibilitado a recibir visitas con cualquiera que no sean sus familiares o su equipo de abogados, sin oportunidad de salir a los patios como el resto de los prisioneros, medidas —diría una de sus compañeras— equivalentes a una «pena anticipada».
En tal sentido, remarcó: «Vine a la conferencia porque me interesa conocer más acerca de la materia penal y vine a ver el Protocolo de Estambul porque es de alta relevancia. […] Y me parece una gran barbaridad y una desfachatez que vinieran aquí a hablarnos y sensibilizarnos de un tema tan importante que es la tortura y que no se dieran cuenta de que Francisco González Arredondo en este momento está siendo torturado. […] Es inadmisible que estas cosas pasen y que traten de sensibilizar aquí a las personas con un tema tan delicado que no está siendo totalmente, debidamente expuesto. Entonces, mi reclamo es que es una hipocresía que hablen aquí de cómo debe ser el Protocolo de Estambul cuando no se cuentan con los requisitos en la Fiscalía y vengan aquí a hablarnos de maravillas».
Al cabo de unos minutos, varios miembros del movimiento estudiantil colocaron en la entrada de Derecho una cartulina en donde se leía: «Exhortamos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a que detenga la persecución política en contra del Mtro. Francisco González Arredondo», mensaje acompañado de los hashtag #JusticiaParaFrancisco, #ALosAlumnosNoNosCallan y #QuierenADuarteLibre.
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