Ciudad de México, 14 de agosto de 2022.-La ola de violencia y narcoterror resentida en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán la semana pasada exhibe no sólo el fracaso de la estrategia de “abrazos no balazos” del presidente López Obrador y la necesidad de revisarla y cambiar. También advierte el empoderamiento de los cárteles de la droga, de su capacidad de fuego y movilización, dispuestos a desafiar a las Fuerzas Armadas en cualquier territorio y a no aceptar la cambiante y silenciosa política de capturar y extraditar a capos a Estados Unidos.
De un extremo a otro van las aseveraciones sobre el fondo de la decisión del Ejecutivo de militarizar la seguridad. Por un lado se le culpa de manera directa de provocar el infierno de la semana anterior; por otro se busca imbuir en la opinión pública la culpabilidad de los “conservadores” de la derecha bajo el señalamiento de estar “patrocinando” los enfrentamientos; una tercera hipótesis habla del malestar de las organizaciones criminales ante la protección brindada al cártel de Sinaloa, quien resultaría beneficiado en un tercer sexenio; pero están también opiniones de quienes, como Porfirio Muñoz Ledo adviertieron en su momento la ejecución de un silencioso golpe de estado, el cual se veía sin saldo rojo, sin embargo, según el político se trata de poner un “estado de excepción” con el cual se pueda crear un bloque “hegemónico y dictatorial”.
Un cuarto elemento se suma a lo anterior y tiene frente a sí el desarrollo de eventos sangrientos posteriores a la detención de Rafael Caro Quintero y su amenaza de extradición, situación rechazada por quienes son considerados “capo de capos”. Esta reacción de los narcotraficantes fue vista en los 90 en Colombia y se provocó precisamente ante la disposición del gobierno de extraditar a los traficantes. ¿Después de enviar a Joaquín Guzmán Loera, emprendieron esta guerra en protesta y podría ser peor si no se estuvieran respetando los amparos conseguidos por Caro Quintero? Es muy sospechoso el silencio gubernamental ante señalamientos en los cuales se habla de la pérdida del control sobre los mafiosos pero, también, sobre el Ejército; la dedicatoria personal para seguir en giras y seguir empeñados en minimizar problemas de primer orden, intentar justificar no se han hecho las contrataciones debidas para el rescate de los mineros y mantener una perversa y mortal austeridad.
Para algunos expertos, la reciente violencia le cae “como anillo al dedo” al tabasqueño para seguir impulsando la militarización de México, a través de un “decretazo” pues no cuenta con los legisladores federales suficientes para cambiar la Constitución. Otros consideran se trata de la respuesta de los cárteles del narcotráfico a un viraje de la política de seguridad nacional, la cual en los hechos, cambiará el “apapacho” dado hasta el momento por acciones más contundentes contra el crimen organizado. Esta última tesis parece tener sustento. Con los ataques a la población civil, vehículos particulares y distintos negocios ocurridos esta semana en al menos cinco entidades, el crimen organizado manda el mensaje al gobierno federal de no estar dispuesto a someterse.
Parece que en el gobierno federal hay un viraje, por las presiones de Estados Unidos, una de ellas dirigida a desmantelar la estructura criminal del CJNG. López Obrador, por su parte, no quiere aceptar la existencia del narcoterrorismo, pues le preocupa la opinión pública nacional e internacional. Teme al señalamiento de ser bajo su gobierno cuando se potenciaron actos de tal naturaleza y extremo. Los grupos criminales mandan señales muy claras al gobierno de rechazar cualquier intención de someterlos, más aún si, como se percibe, hay una línea fuerte y pesada en donde se unen. En el caso de la quema de tiendas Oxxo, todo apunta a su negativa de pagar por el derecho de piso, por la seguridad, y tal lo ha confirmado la alcaldesa de Tijuana al llamar a los deudores de los narcos a ponerse al día, a pagar para evitar recaiga en los ciudadanos la venganza por su rechazo o incumplimiento.
La tesis de los simpatizantes de López Obrador, situadas en las realidad carecen de sustento pues no se trata de acciones coordinadas y mucho menos patrocinadas. Son los grupos quienes se unen para presentar su agresividad, empoderamiento y reto a un gobierno con el cual han estado coludidos ya sea a nivel municipal, o estatal o contando con la impunidad garantizada por el federal. En Guanajuato y Jalisco fue el Cártel Jalisco Nueva Generación el responsable del infierno provocado porque el Ejército realizó un operativo y no se sabe si capturaron a auténticos líderes o sólo tienen chivos expiatorios. Mientras en Ciudad Juárez, Chihuahua, Los Mexicles brazo armado del Cártel de Sinaloa, tenían la encomienda de atacar a civiles, debido a que dos de sus integrantes presos fueron asesinados por el grupo contrario.
En Baja California, en demanda de la liberación de integrantes del cartel de Nemesio Oseguera “El Mencho”, presuntos miembros de ese grupo criminal realizaron actos de violencia al quemar al menos 17 autobuses, taxis y camiones de carga en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito. A través de redes sociales, alertaron a la población de un “toque de queda” desde las 10 de la noche del viernes, sábado y domingo para no salir pues van a realizar “un desmadre para que el puto gobierno libere a nuestra gente. Somos Cártel Jalisco Nueva Generación, no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salgan vamos a levantar a todo aquel que se ve en esos días en la calle. Puro CJNG”.
En Michoacán, posterior al asesinato de un hombre frente a su esposa e hijo, se informó de un total de 164 presuntos sicarios del Cártel de Pueblos Unidos capturados el sábado tras llevar a cabo una serie de bloqueos en la autopista federal “Siglo XXI”, la cual une a la ciudad de Morelia, con el puerto internacional de Lázaro Cárdenas. Los detenidos portaban 142 rifles de asalto, 44 pistolas de diversos calibres, y miles de cartuchos útiles, así como equipo táctico. El comando armado utilizaba 28 vehículos de distintas marcas y tipos, principalmente camionetas, con leyendas de “Pueblos Unidos” y una de las unidades cuenta con blindaje artesanal. Pero todo parece salirles al revés. En la madrugada del domingo se supo del secuestro de tres elementos de la Guardia Nacional a quien solamente liberarán si proceden de igual manera con los 164 capturados. Han marcado plazo o empezaran a privar de su libertad a otros y a matar a quienes ya tienen en su poder.
Ante la violencia desatada, Muñoz Ledo sumo a sus opiniones las reiteración del llamado a López Obrador a “romper esa alianza entre gobierno y narcotráfico y no heredarla al siguiente gobierno”. También llamó a una campaña nacional para evitar siga la acumulación del poder en una sola persona. “Es urgente que los partidos políticos asuman su responsabilidad, es momento que pidan por la vía de controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, para pedir cuentas al Ejecutivo, porque si se agacha el legislativo, este país está diciendo adiós a su libertad”.
En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sostuvo la necesidad de revisar a fondo y de manera inmediata el plan del Ejecutivo en materia de seguridad y tal debe hacerse contando con los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. Los hechos de violencia de la semana pasada, “ponen de manifiesto la necesidad de abordar el fenómeno de inseguridad y violencia desde una perspectiva integral que dé como resultado una política de Estado que pacifique a nuestra sociedad”. Para el senador zacatecano, la premisa de donde debe partir la discusión pública es que toda política es perfectible, es decir, se puede mejorar a partir de la revisión de sus objetivos y resultados, “No hay tarea más urgente ni más importante que atender el reclamo del pueblo por recuperar la tranquilidad en su vida familiar y personal, y gozar de un entorno de paz, con seguridad y confianza. En el Senado de la República tenemos la disposición para contribuir a ello”.
A su vez, representantes del sector privado condenaron los hechos de violencia y exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno instrumentar las medidas necesarias para erradicar estas conductas “insostenibles”. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandó a las autoridades garantizar la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos, con el debido respeto al Estado de Derecho, para recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas. También, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al gobierno federal a poner un alto a la violencia en el país, pues se deteriora la economía, enrarece el ambiente de negocios e inhibe la llegada de nuevas inversiones.
La iniciativa privada mexicana consideró urgente se ponga un alto a la violencia, ante lo insostenible de la situación actual aunada a la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno; la errática actuación de las autoridades han resultado un terreno fértil para, en lo que va del sexenio, se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos. Y contando…
DE LOS PASILLOS
De acuerdo con la agencia Reuters, Pemex solicitó la semana pasada 6 mil 500 millones de dólares en fondos adicionales al Gobierno de México para pagar las obras de la refinería de Dos Bocas este año. El Consejo de Administración de Pemex aprobó solicitar 5 mil 618 millones de dólares para continuar con las obras y 853 millones de dólares para la puesta en operación de la refinería Olmeca. Este monto se suma a los 8 mil 900 millones de dólares aprobados por el Consejo en 2020, el cual fue subiendo sin autorización expresa de esa autoridad. El nuevo costo oficial estimado de la refinería de Dos Bocas se ha elevado a 14 mil 605 millones de dólares. Pero podría elevarse en un 16% más al considerar el pago de impuestos no programados ni contabilizados…
Los campechanos pasan de un sonrojo a otro y las mujeres estamos sufriendo de constante pena ajena. La “entrada” del espectáculo en otros tiempos denominado “Informe de Gobierno”, mostró a la casi octogenaria mandataria estatal, la pelirroja de fuego, Layda Sansores, cumpliendo su sueño de bailar en una carpa. Sentados con rigurosa asignación permanecían los subalternos entre los cuales sobresalía por sus torpes movimientos un pelón a quien después se le identificó como el fiscal Renato Sales. El rostro de los asistentes contrarestaba con la alegria de la saltarina mandataria. Mientras ella seguía en su intentona de parecer joven, de estar en forma, los campechanos mantenían un rictus severo e inclinaban la cabeza. El video de semejante actuación fue enviado a Palacio Nacional con atenta dedicatoria a yasabenquien para su regocijo.