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El gobierno de México reconoció «indicios de delitos federales» en Teuchitlán, es decir, actividad de delincuencia organizada, portación y uso de armas de fuego, tráfico de drogas y de personas, que condujeron a asesinar personas cautivas y desaparecer sus cuerpos.

El abogado de la República, Alejandro Gertz, advirtió ir por autoridades municipales y estatales omisas y reveló que micas electorales tiradas en Izaguirre Ranch pertenecían a delincuentes detenidos en varios estados del país.

Un sobreviviente de tal escuela de sicarios del cártel de las cuatro letras, Roberto, entrevistado ayer en el noticiario matutino de Radio Fórmula, dijo haber sido enganchado en Chilpancingo, a instancias del gobierno municipal, asegurando haber conocido reclutas del estado de Morelos. En entrevista, el jefe de Gabinete del gobierno margarista no supo qué responder a la reportera que le soltó la pregunta sobre tal.

En tanto el fiscal nacional reconoció indicios, el senador José Gerardo Rodolfo Fernández, que sin el Noroña es menos, voló a Francia en viaje de placer que él hace pasar como de trabajo. «Prendas de vestir y calzado [así]», dijo Gertz, «quedaron abandonados en el lugar». Fue enfático en etiquetar a los propietarios de ropa y zapatos como «sicarios detenidos» —¿o muertos?—, sin presentar pruebas.

La revelación de la existencia de morelenses —y de otros estados— en el rancho jalisciense, abre la posibilidad de que se sepa el paradero de mujeres y hombres bajo calidad legal de desaparecidos, sea por sus zapatos, ropa, mochilas y demás, o por sus credenciales de elector. Todo el miércoles 19 ni el subprocurador de Justicia ni el comisionado de búsqueda de personas desaparecidas no se ocuparon del asunto ni para evitar que llamen a la puerta del despacho gubernamental más importante de Palacio de Gobierno.

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