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Nueva York, Estados Unidos: Un nuevo informe mundial que analiza la discriminación de género en la legislación ha desvelado que, a pesar de que durante los cinco últimos años se han logrado algunos avances significativos para reforzar la protección jurídica de las mujeres y las niñas, los avances siguen siendo lentos, desiguales y cada vez más inciertos debido a la amenaza de retroceso que supone la creciente reacción contra los derechos de las mujeres.
La investigación de Equality Now demuestra que las leyes, las políticas y las prácticas culturales siguen sometiendo a las mujeres y las niñas a una discriminación sistémica y de multifacética que las expone a distintos tipos de daños, a veces con muy poco o ningún amparo legal. Resulta alarmante el notable deterioro que han sufrido los derechos jurídicos de las mujeres en algunos lugares, con el debilitamiento o la eliminación de las protecciones que tanto costó conquistar a resueltas de decisiones judiciales y cambios legales regresivos y a la retirada de la financiación.
La Plataforma de Beijing
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing («Plataforma de Beijing») es un marco global pionero para impulsar los derechos de las mujeres. Fue aprobada en 1995 por 189 países durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y recoge compromisos para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. Uno de sus puntos cruciales es la responsabilidad que contrajeron los países de «revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivos de sexo».
El informe de Equality Now «Palabras y hechos: Haciendo a los Gobiernos responsables en el proceso de evaluación de Beijing +30 (sexta edición)” demuestra que, tres décadas después, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a la discriminación jurídica y que no hay ningún país que haya logrado la plena igualdad legal. Las leyes y las prácticas que limitan los derechos de las mujeres y las niñas están obstaculizando el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en especial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre la igualdad de género, desviando al mundo de la senda que conduce al logro de estas metas fundamentales.
Antonia Kirkland, coautora del informe explica que «las mujeres y las niñas merecen la protección total de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales según lo acordado mediante la Plataforma de Beijing y otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Para ello es necesario erradicar cualquier legislación que discrimine por motivos de sexo, consagrar la igualdad de género en las constituciones y aprobar y aplicar leyes que defiendan plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad».
El retroceso en los derechos jurídicos de las mujeres
Algunos gobiernos están permitiendo prácticas y normas consuetudinarias y religiosas discriminatorias por motivos de sexo y género; además, cada vez con más frecuencia se recurre a justificaciones religiosas, culturales y nacionalistas para erosionar y revocar los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, Afganistán ha impuesto un sinnúmero de restricciones draconianas que impiden a las mujeres y a las niñas participar en la vida pública, la educación, el trabajo y el ocio. La situación también es deplorable en Irán, donde las mujeres están viviendo una represión continua y a aquellas que se oponen a las leyes discriminatorias por motivos de sexo se las castiga con arrestos, detenciones, torturas y penas de muerte.
Las instancias legislativas de Bolivia y Uruguay están contemplando la aprobación de leyes regresivas que debilitan la protección de las sobrevivientes de violencia sexual. Mientras tanto, en Gambia, una posible reforma encaminada a derogar la ley que prohíbe la mutilación genital femenina ha estado a punto de echar por tierra años de progreso. Por suerte, la férrea oposición que suscitó consiguió evitar su aprobación.
En Rusia, la “promoción” de las relaciones LGBTQ+ fue prohibida en 2022 y, a finales de 2024, bajo el pretexto de la “anti-propaganda”, se aprobó una legislación para prohibir la promoción de un “estilo de vida sin hijos”. Kirguistán y Georgia han adoptado leyes similares que restringen los derechos LGBTQ+.
En Argentina, se ha recortado drásticamente el presupuesto para las políticas de lucha contra la violencia de género y se ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, lo que reduce enormemente la capacidad del Estado para darles protección.
Durante los 30 últimos años, más de 60 países han aprobado leyes de despenalización del aborto. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos están bajo ataque. Podemos citar el ejemplo de Polonia, donde el único supuesto en el que se permitía el aborto —malformación fetal o enfermedad incurable— se derogó en 2021. En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaminó en 2022 que la Constitución nacional no garantiza el derecho al aborto. En enero de 2025, el aborto estaba prohibido en 14 estados, y hay iniciativas en marcha para prohibir viajar a otros estados para tener acceso a estos servicios.
La República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe en los que existe un veto total sobre el aborto. Su senado va a aprobar una ley que mantiene esa restricción y rebaja las penas por violencia sexual marital, calificándola como «actividad sexual no consensuada» en lugar de violación.
Leyes explícitamente discriminatorias por motivos de sexo
Países como Sudán y Yemen otorgan a los hombres una amplia autoridad sobre sus parientes de sexo femenino y obligan por ley a las esposas a ser obedientes. En Arabia Saudita, las mujeres deben obedecer a sus esposos de un «modo razonable» y los hombres casados disfrutan de «derecho marital a las relaciones sexuales». Si una mujer se niega a mantener relaciones sexuales con su esposo o a viajar con él sin tener «una excusa legítima», esa «desobediencia» puede hacer que pierda el apoyo financiero de su marido.
Los hombres casados pueden divorciarse de sus esposas de forma unilateral y sin condiciones, pero las mujeres casadas deben solicitar a un tribunal que les conceda el divorcio debido a una falta y demostrar, de acuerdo a criterios muy estrictos, que se ha cometido esa falta. Según el Banco Mundial, Arabia Saudita es solo uno de los 45 países en los que las normas para divorciarse son distintas para mujeres y hombres.
La violación marital también es legal en las Bahamas y en la India, mientras que, en Kuwait y Libia, un violador puede escapar al castigo si se casa con su víctima.
Varios países restringen por ley el acceso de las mujeres casadas a cuentas bancarias y a créditos e incluso les deniegan el derecho a beneficiarse de su propio trabajo en el negocio familiar. Por ejemplo, en Camerún, un hombre casado controla y administra todos los bienes personales de su esposa y puede venderlos, disponer de ellos o hipotecar sus bienes comunes sin comunicárselo. En Chile, las mujeres casadas sufren una discriminación similar.
El Banco Mundial señala que todavía hay 139 países que carecen de una legislación adecuada para prohibir el matrimonio infantil. Uno de ellos es Estados Unidos, donde no hay ninguna ley federal que lo prohíba y es legal en 37 estados. La legislación de California incluye excepciones que permiten casarse con menores sin establecer una edad mínima; otros estados, como Mississippi, reproducen lo que sucede, por ejemplo, en Bangladesh, Mali, Pakistán o Tanzania, donde las niñas pueden contraer matrimonio a edades más tempranas que los niños.
La pobreza exacerbada por el cambio climático y la migración forzada está exponiendo a las niñas a un mayor riesgo de matrimonio infantil, ya que sus familias lo ven como un mecanismo de defensa para mitigar la penuria financiera y «proteger a sus hijas frente a la violencia sexual» (a pesar de que el matrimonio infantil facilita el sexo no consentido con una menor). Por ejemplo, en 2022, Etiopía sufrió una grave sequía y, en sólo un año, sus tasas de matrimonio infantil se doblaron.
Por el lado positivo, Colombia, Cuba, la República Dominicana, Sierra Leona y Zambia recientemente leyes que prohíben el matrimonio de menores de 18 años, sin excepciones.
En todo el mundo, las leyes y políticas que discriminan por motivos de sexo están coartando la plena participación económica y social de las mujeres, atrapando a millones en la pobreza y la dependencia y aumentando su vulnerabilidad al maltrato. En muchos países, a las mujeres se les niega el acceso igualitario al empleo, a un salario justo, a poseer propiedades, a los ingresos familiares y a heredar. Eso contribuye a la sobrerrepresentación de las mujeres en los puestos de trabajo inseguros y mal pagados y que asuman la práctica totalidad de la carga del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.
En países como Kirguistán, Madagascar o Rusia las mujeres tienen vetados ciertos trabajos. Desde 2020, se han producido ciertos avances y se han levantado restricciones de este tipo en Azerbaiyán, Jordania y Omán.
También es necesario reformar las leyes sexistas sobre nacionalidad, como las que siguen vigentes en Bahrein, Brunei, Malasia, Mónaco, Togo o los Estados Unidos. Cuando las madres y los padres no tienen los mismos derechos para transmitir su nacionalidad a sus hijas e hijos, se plantean graves retos legales y sociales, incluidas situaciones de apatridia. El riesgo de matrimonio forzado e infantil aumenta, se generan problemas de custodia de la descendencia y las mujeres pueden verse atadas a matrimonios abusivos por miedo a perder su condición jurídica.
Kirkland concluye que «eliminar la discriminación jurídica por motivos de género y sexo es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Equality Now insta a todos los países a actuar con urgencia y revisar, modificar o derogar sus leyes discriminatorias, a evitar la restricción de derechos jurídicos y a instaurar en sus marcos legales o constitucionales garantías específicas de igualdad para todas las mujeres y las niñas».