Una advertencia urgente sobre la soberanía
La reciente reflexión del jurista René González de la Vega nos invita a detenernos para analizar con profundidad el estado actual de nuestra nación, en un momento en el que los valores fundacionales del sistema republicano parecen bajo un asedio sin precedentes. Sus palabras resuenan con una advertencia que interpela la conciencia de toda la ciudadanía: “vivimos bajo la influencia del abuso de la ley y el fraude a la ley”. Esta afirmación directa e inquietante plantea una confrontación entre el principio de soberanía popular y el actual ejercicio del poder, evidenciando una preocupante divergencia entre los valores constitucionales y las acciones de quienes están en el poder.
La soberanía, el pilar fundamental del Estado Mexicano
En México, la soberanía no es un concepto abstracto; es una construcción que compartimos y sostenemos a través de instituciones sólidas y una Constitución que, desde su promulgación, se ha forjado como el pilar fundamental del Estado. La soberanía, según González de la Vega, está intrínsecamente ligada a la supremacía de la Constitución, un documento que ha servido de freno y contrapeso al poder. En la narrativa de este jurista se advierte que, en una república verdaderamente democrática, la concentración de poder es incompatible con los principios de la soberanía popular. Porque “somos soberanos”, aceptamos la supremacía de la Constitución y, por tanto, los poderes de la República existen para servir al pueblo, no para dominarlo. Este equilibrio es fundamental para evitar que el poder se centralice y para asegurar que ningún órgano domine a los otros en el marco de los controles y contrapesos.
La expansión del Poder Legislativo y sus riesgos
Sin embargo, y tal como lo alerta González de la Vega, estamos presenciando una preocupante tendencia en la que los poderes constituidos, en particular el Legislativo, extienden sus facultades más allá de los límites razonables, amenazando la esencia misma de la Constitución. Las acciones que buscan amputar atribuciones y delegar competencias de manera arbitraria, sin el debido proceso ni el debate necesario, no solo afectan a uno de los tres poderes, sino que erosionan la estructura de todo el Estado. La Constitución establece un límite claro: ni siquiera el poder político más votado tiene el derecho de secuestrar la soberanía popular, porque esta no pertenece a un gobierno en turno, sino a todos los mexicanos. Cuando uno de los poderes decide ignorar los principios constitucionales, comienza a desdibujarse el delicado equilibrio entre instituciones que sostiene nuestra democracia.
Soberanía constitucional bajo amenaza
La soberanía constitucional es un principio garantizado en el propio texto de la Carta Magna, sin embargo, hoy se ve amenazada por decisiones que exceden el ámbito de la ley para caer en el terreno del abuso de poder. Esta situación, como bien señala González de la Vega, no solo es alarmante, sino que llega al límite de lo peligroso, pues cuando las reglas se moldean para satisfacer intereses particulares, se abre el camino hacia una “crisis constitucional que topa con el autoritarismo y la dictadura”. Este es el núcleo de su advertencia: en cuanto el poder se centraliza y los límites se debilitan, la soberanía popular se desvanece, y con ella se desmorona el concepto mismo de la República.
La falacia de la legitimidad basada solo en la mayoría
Vivimos en un tiempo en el que el poder político es omnipresente, y las decisiones que se toman suelen estar impregnadas de una visión mayoritaria que se autodefine como legítima únicamente por contar con los votos necesarios. Sin embargo, este enfoque plantea una pregunta esencial: ¿basta con ser mayoritario para ignorar los límites constitucionales? La respuesta es clara y contundente: no. La mayoría, aunque otorgue legitimidad, no tiene el derecho de sobrepasar los límites establecidos en la Constitución; su mandato es gobernar dentro de ellos. En una democracia constitucional, el respeto al marco institucional no es un lujo ni una opción, sino la única forma de preservar el orden, la libertad y la soberanía de los ciudadanos. Desvirtuar estos límites es abrir la puerta a una erosión progresiva de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Un llamado de González de la Vega a la ciudadanía
La advertencia de González de la Vega no se dirige únicamente a los juristas o estudiosos del derecho; su llamado es para toda la ciudadanía. Hoy más que nunca se requiere una vigilancia activa y un compromiso inquebrantable para defender el equilibrio de poderes y los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia. No podemos permitir que la soberanía popular sea reducida a una formalidad o, peor aún, que se pervierta en un mero discurso mientras en la práctica se vulnera el Estado de derecho. La responsabilidad de proteger la Constitución recae en cada uno de nosotros, no solo en las instituciones, pues al final del día, una Constitución es tan fuerte como el respeto que recibe de sus ciudadanos.
Defender la Constitución: el verdadero acto de soberanía
Proteger nuestra Constitución y sus valores fundacionales es, hoy más que nunca, un acto de soberanía. La libertad de un país se mide en su capacidad de ejercer sus leyes sin abusos ni fraudes, y es responsabilidad tanto de altos funcionarios como de cada ciudadano velar para que así sea. La soberanía no es solo una idea abstracta; es el motor que da vida a la República. Defenderla no solo es un deber, sino una necesidad en un México que, en palabras de González de la Vega, enfrenta la amenaza de una centralización del poder y una interpretación caprichosa de la ley que ponen en riesgo la esencia misma de nuestra democracia.