La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que no entregará información adicional al Instituto Nacional Electoral (INE), alegando que las solicitudes del INE se encuentran fuera de sus atribuciones y no cumplen con los requisitos legales necesarios.
El desacuerdo surge a raíz de un acuerdo tomado por el Consejo General del INE, en el que se discuten los requerimientos de información realizados por el propio INE a diversas instituciones, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el ISSSTE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, subrayó durante la sesión del Consejo General del INE: “La ley es categórica al señalar que todo órgano del Estado mexicano, independientemente del nivel o ámbito del gobierno que corresponda, está obligado a brindarle información o documentación que este Instituto le solicite en ejercicio de sus atribuciones en materia de fiscalización, porque es el único órgano constitucionalmente con atribuciones para fiscalizar ingresos y egresos de partidos políticos y candidaturas”.
A través de un comunicado, la UIF aseguró que ha respondido a la mayoría de los requerimientos enviados por el INE durante el presente año, con la excepción de cinco casos que aún están en proceso de tramitación.
Sin embargo, argumentó que no todos los puntos requeridos por el INE caen dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, tal como lo establece el marco legal y normativo que rige su actuación.
En este sentido, la UIF solicitó al INE que adecúe sus solicitudes para que estén debidamente fundadas y especifiquen si existe la presunción de un origen ilícito de los recursos en cuestión, así como las operaciones que respaldan el requerimiento y el periodo que estas abarcan.
En lugar de ello, se ha instado al INE a reformular sus solicitudes para que cumplan con los requisitos legales, lo que permitiría la entrega de la información solicitada.
Entre la información que se ha solicitado al INE y que la UIF alega no poseer ni estar en posición de generar, se encuentra aquella relacionada con la determinación de la capacidad económica de individuos señalados por la autoridad electoral.
La UIF argumenta que esta información no se encuentra dentro de su ámbito de competencia, ya que el INE no tiene la facultad para solicitar a una autoridad gubernamental el cálculo de la capacidad económica, sino que esto es responsabilidad exclusiva de la propia autoridad electoral. Por otro lado, la UIF sostiene que carece de las atribuciones necesarias para realizar dicho cálculo.
La UIF concluye reiterando que no proporcionará al INE información o cálculos que no estén autorizados por la ley.