La falta y retraso de la licitación 2025 de medicamentos para el Sector Salud de este llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación augura un nuevo período de desabasto organizado.
Eduardo Clark, el nuevo subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, de todas las confianzas de la Presidente Claudia Sheinbaum, hereda un proceso de compras consolidado que enfrenta grandes retos, en un escenario donde el boicot a las licitaciones se ha convertido en una práctica común para maximizar beneficios personales, de lo cual le platiqué aquí en la anterior entrega de este Índice Político.
El modus operandi de la “quinteta diabólica” —Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación; Daniel Esteban Ramírez Garlen, coordinador técnico de Administración del Gasto de Bienes y Servicios; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, titular de la Coordinación Técnica del Planeación del Abasto; Jesús Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración, todos del IMSS– ha perfeccionado el desabasto y enriquecimiento ilícito mediante compras regionales a precios inflados y el uso de PACs.
Este esquema se sustenta en la manipulación de tiempos de entrega y consumos promedio de medicamentos, permitiendo compras de emergencia a proveedores favoritos, afectando pacientes y de camino ordeñando las finanzas del IMSS y enriqueciendo a sus más altos funcionarios con márgenes que nunca se habían visto en dicho Instituto.
Era común que, si un medicamento tenía un consumo promedio mensual en el Instituto de 1.5 millones de piezas de una molécula, digamos como ejemplo, Celecoxib — medicamento antiinflamatorio no esteroide que se usa para reducir el dolor y la inflamación causados por diversas condiciones, entre ellas la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, dolor menstrual, pólipos hereditarios en el colon, migrañas–, de repente le pidieran al distribuidor la entrega inmediata de 5 millones y, ante la imposibilidad de cumplir de quienes tenían en su poder el contrato para surtir, lo hacían a través de los PACs, y de compras regionales con los que podían adquirir esos 5 millones de piezas por incapacidad de surtir del proveedor original.
Luego lo buscaban para comprarle, a descuento, las claves que no habían podido surtir, mientras que se les daban cómodos plazos de entrega a los nuevos proveedores consentidos para entregarlos en varios meses.
¡Hasta cobran las entregas de productos!
Y qué decir del famoso Sistema de Abasto Institucional que, para variar, introdujo a través de National Cash Register de México, nada menos que Aldo Díaz Pérez, allá por el año 1997 y que hasta hoy sigue siendo el “pilar del abasto” como lo menciona en todos los foros Zoé Robledo.
Pues este software también tiene sus puntos aprovechables para generar desabasto. En primer lugar, no lleva el control de las asignaciones directas o compras regionales, ni el control del consumo, lo que permite libertad de operación para el quinteto y, con apoyo de Javier Guerrero, ex tesorero de Coahuila en tiempos Humberto Moreira, corresponsable de la Estafa Maestra de Sedesol en el sexenio de EPN y cercano al también coahuilense Aldo Diaz para asignaciones que acumulan más de 9 mil millones de pesos, con utilidades superiores a 6 mil millones por los sobreprecios, es quien se encarga de desviar los recursos presupuestales para para ejecutar las compras regionales y habilitar los PACs administrados por Karina Sarmiento a través de delegaciones, entre 3 y 10 veces el costo en el mercado de esos insumos.
Por otro lado, para perfeccionar el desabasto, el producto solicitado en todas las órdenes de compra o de surtido que emite el SAI, tardan en llegar a las unidades médicas entre 30 y 35 días, dando paso a las compras regionales, porque en lugar de tener inventarios en almacenes delegacionales para surtir y reponer productos, al provocar el desabasto por la tardanza e incumplimiento de proveedores (a veces en complicidad) les permite comprar a precios inflados “mientras llegan los insumos”.
Otro factor adicional fue la creativa solución para el abasto directo a unidades médicas solicitado en la licitación consolidada multianual 2023-2024, coordinada por Alejandro Calderón Alipi, Enrique Pérez Holguín en conjunto con Thalía Lagunes y su abogada de bolsillo Cristina Corza, quienes para brincar y sabotear a Pedro Zenteno en la distribución de medicamentos a través de BIRMEX decidieron entregar directamente en más de 350 puntos de entrega directos en unidades médicas, y así causaron mayor corrupción, ya que ahora por cada entrega de bienes terapéuticos cobran, en hospitales, o delegaciones del IMSS.
Incluso dan recibo por los 2 mil 500 pesos por entrega de medicamentos “acusando” a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), pues arguyen que ellos son los que cobran.
Y qué decir, en los hospitales del ahora IMSS Bienestar y de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CINSAHE), en los que fomentaron los negocios, aprovechando la poca capacidad de almacenamiento, las restricciones en el horario de trabajo y recepción de proveedores para instalar sus casetas de cobro y tomarse atribuciones de cumplimiento regulatorio.
El caso de la Dapaglifozina
Y habrá que recordar el incidente de asociado a otro caso de delincuencia organizada, el de la Dapaglifozina, un medicamento para diabetes, adjudicado originalmente a AstraZeneca y que, por un incumplimiento en las entregas –conseguido en complicidad con funcionarios de COFEPRIS–, impidieron la entrega de producto del proveedor mencionado durante 2024 y, en su lugar, el quinteto diabólico lo obtuvo, pero inflando precios entre tres y seis veces, todo ello en contubernio con las empresas de Aldo Díaz.
Y así pudieron obtener una utilidad superior a 1 mil 200 millones de pesos sobre ventas de Dapaglifozina, propanodiol pirata, Staglipina, Staglipina Metformina y Linagliptina por un monto de 1 mil 820 millones, para obtener un nada despreciable 68% de margen. Sí, como lo lee, de cada peso que pagaron, 68 centavos fueron a dar a sus bolsillos.
No contentos con esto, nuevamente la quinteta, en contubernio con Thalía Lagunes, entonces todavía subsecretaria de la Función Pública, logró mover la demanda original de la Dapaglifozina, hacia un producto nuevo de Boehringer, claro, pagando más del doble de precio, que sin considerar el margen de venta del fabricante, representó para sus ya de por sí abultadas cuentas bancarias en México y en el extranjero 1 mil 190 millones de pesos más.
La Dapaglifozina Propanidol y la Dapaglifozina Metformina se ofrecía a 253 pesos la pieza, y se movió hacia la Empaglifozina de Boehringer a 490 la caja y a $995 la caja para el caso de la molécula original con Metformina.
A lo que se enfrentará Eduardo Clark
Nuevamente estamos en octubre, y el sector no ha iniciado aún el proceso licitatorio.
Si bien nos va, los fallos se darán durante el mes de noviembre, por lo que nos tendremos que conformar nuevamente con un desabasto planeado de medicamentos en el IMSS y en el IMSS Bienestar, hasta el mes de abril del 2025, provocado por el boicot en la entrega de su demanda consolidada de bienes terapéuticos dirigido por Zoé Robledo para poder monetizar dicho desabasto.
A esto se enfrenta ahora el nuevo y enjundioso subsecretario de Integración y Desarrollo, Eduardo Clark, pues al ser el nuevo responsable hereda el proceso de compra consolidada de medicamentos del sector, y se enfrenta con grandes retos.
A ver si no pasa lo que paso con BIRMEX, que el IMSS solo le dé atole con el dedo al comprar todo por su lado aprovechando que el sector farmacéutico ya no quiere participar el licitaciones, debido a que en la práctica, empresas o directivos de empresas, en complicidad con la quinteta diabólica, prefieren boicotear las licitaciones para maximizar ingresos personales.
Es decir, amenazas a empresas para que no oferten en las licitaciones y para después negociar a través de los PACs o de las IMs de IMSS o de BIRMEX, como ya lo hicieron recientemente. Y en caso de no cooperar, enfrentar el boicot por uno o dos años.
Cabe mencionar, que Zoé Robledo, desde hace dos meses, ha dicho a los cuatro vientos y a todo aquel que quiera escucharlo que ya no hace compras regionales, incluso así lo informo al expresidente AMLO antes de terminar la anterior Administración sexenal, cuando en el sector todos conocen el modus operandi de los PACs institucionales.
Las adquisiciones en manos de Lutero
Y de último minuto, me entero que el nuevo responsable de la adquisición de medicamentos, reportando al subsecretario es nada más y nada menos que ¡José Enrique Pérez Holguín!, sí el mismo que en complicidad con su jefe Alejandro Calderón Alipi y Amílcar Olán –léase Andy López Beltrán–, quienes al inicio del sexenio pasado fortalecieron a cinco grandes distribuidores, obligaron a los laboratorios a entregar en distribución sus medicamentos al inicio del sexenio como Disur, Vanquish, CiMSA entre otros,
¿Lo sabrá Clark? ¿Será cómplice? ¿Volverán los distribuidores de Amílcar y Andy? ¿Cambiarán a Aldo Diaz por los nuevos consentidos de Enrique Pérez Holguín? ¿Qué le sabe Zoé Robledo a la presidente Sheinbaum, para que haya cedido en la remoción de Borsalino González? ¿Se convertirá en una lucha de los perfumaditos de Andy vs los técnicos de la “quinteta diabólica”?
Indicios
La cancelación del modelo de compras consolidadas que había demostrado conseguir año tras año ahorros significativos durante el periodo “neoliberal” que fue de 2013 a 2018, y la posterior desaparición del sistema del Seguro Popular, tiene actualmente a más de 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud y medicamentos que necesitan, ocasionándoles graves daños a su salud y economía, así como sangrías multimillonarias al dinero que aportamos los contribuyentes y, en el caso del IMSS y el ISSSTE, los propios trabajadores. ¿Cómo iba eso de “primero los pobres”? * * * Mi entrañable agradecimiento por haber leído hasta aquí. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!