La orden de Trump, firmada el 20 de enero, su primer día en el cargo, ordenaba a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un progenitor que fuera ciudadano estadunidense o residente legal permanente.

La orden debía aplicarse a partir del 19 de febrero, pero ha sido bloqueada en todo el país por múltiples jueces federales.

La medida de Trump ha suscitado una serie de demandas de fiscales generales de estados demócratas, defensores de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas. Argumentan, entre otras cosas, que la orden de Trump viola un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana.

La cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que todas las «personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».

La administración sostiene que la 14ª Enmienda, que desde hace tiempo se entiende que confiere la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en Estados Unidos, no se aplica a los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente o incluso a los legales pero temporales, como los estudiantes universitarios o los que tienen visados de trabajo.

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo (6-3) incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato como presidente.

El impulso de Trump para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento forma parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración y las fronteras, que incluye encargar al ejército estadunidense que ayude a la seguridad fronteriza y emitir una amplia prohibición de asilo.