El gobernador Newsom envió una carta al Departamento de Defensa pidiendo que revoque el despliegue militar y “devuelva la Guardia Nacional al control del estado de California”.
En la misiva, denunció que la decisión de enviar a la fuerza militar no fue transmitida a su oficina para que la aprobase u ordenase como establece la ley.
La vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, dijo a CNN que podría presentarse una demanda contra la administración Trump al considerar que “no tenía autoridad” para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional “por 400 manifestantes”.
La Guardia Nacional está “entrenada para este tipo de situaciones multitudinarias”, defendió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Legisladores republicanos se alinearon con Trump para desestimar el rechazo de Newsom y de otros funcionarios locales al despliegue de las tropas.
El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a la cadena ABC que Newsom “ha demostrado incapacidad o falta de voluntad, lo que motivó la intervención del presidente”.
Respondió que no le preocupa “en absoluto” el posible aumento de la tensión en Los Ángeles con el despliegue de los soldados.
Además, respaldó la posibilidad de recurrir a los marines en servicio activo, además de la Guardia Nacional, como propuso el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Tom Homan, el zar de seguridad fronteriza del gobierno de Trump, sugirió el posible arresto de Newsom y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, si continuaban oponiéndose a las operaciones federales.
Trump firmó una orden para enviar 2 mil efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, informó la Casa Blanca el sábado.
Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega ese cuerpo sin la solicitud de un gobernador, según el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.
