El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional y a la policía local bajo su mando directo, con el objetivo según dijo de “liberar” la ciudad de personas sin hogar y de la delincuencia callejera.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que agentes del FBI reforzarán las patrullas nocturnas y trabajarán junto a la policía de Washington para combatir lo que describe como “una ciudad sin ley”, aunque los datos oficiales contradicen esta afirmación. Según el Departamento de Justicia, los delitos violentos cayeron 35% en 2024, alcanzando el nivel más bajo en tres décadas.
«Es el día de la liberación en Washington, y vamos a recuperar nuestra capital. No quieres que te roben, te violen y te maten”, dijo Trump, quien también escribió en su red social Truth que “la delincuencia, el salvajismo y la escoria desaparecerán” y prometió “hacer que la capital sea grande de nuevo”.
El plan recuerda al operativo que Trump ordenó en Los Ángeles la pasada primavera, cuando envió a la Guardia Nacional de California a las calles durante protestas contra redadas migratorias, acción que el gobernador demócrata Gavin Newsom impugnó ante los tribunales.
A diferencia de los estados, cuya Guardia Nacional responde a los gobernadores, el destacamento de Washington D.C. está bajo control directo del presidente debido a su estatus de distrito federal.
Trump mantiene una relación tensa con Washington, gobernada por demócratas y donde nunca ha ganado en las urnas. Durante su primer mandato, compró la antigua sede de Correos para convertirla en hotel de lujo, negocio que terminó vendiendo tras su derrota en 2020 frente a Joe Biden.
En repetidas ocasiones, ha calificado la ciudad como “sucia” y “dominada por criminales”, pese a que las estadísticas muestran una reducción sostenida de la violencia.
La alcaldesa Muriel Bowser expresó su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional:
«No son agentes de policía. No sería el uso más eficiente de nuestra Guardia”, declaró a MSNBC.
Mientras tanto, sectores políticos y organizaciones civiles advierten que la medida podría tensar la relación entre el gobierno federal y las autoridades locales, y generar preocupación por el uso militar en labores de seguridad ciudadana.
