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El pasado 1 de septiembre, inició funciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con los nuevos misnitros que fueron elegido mediante voto popular en las pasadas elecciones judiciales. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, informó que el Pleno del máximo tribunal aprobó 14 acuerdos encaminados a agilizar la resolución de los asuntos y dar cumplimiento a la reforma constitucional que establece un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia.
En entrevista con Óscar Mario Beteta, en Heraldo Radio, Ortiz Ahlf explicó que, ante la desaparición de las salas, se determinó un nuevo esquema de trabajo: los lunes y martes se discutirán acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; mientras que de miércoles a jueves se atenderán los asuntos que antes resolvían las salas, como materias penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa y laboral.
La ministra destacó que la principal diferencia entre el Pleno y las salas radica en la agilidad.
En el Pleno se resolvían alrededor de nueve asuntos, mientras que en la Primera Sala llegamos a atender entre setenta y ochenta por semana. El nuevo esquema busca recuperar esa dinámica de trabajo”, dijo Loretta Ortiz.
Transparencia y control ciudadano
Con el fin de cumplir con el mandato constitucional, la SCJN pondrá en marcha una plataforma pública que permitirá dar seguimiento al tiempo de resolución de cada asunto. Además, cuando un caso no pueda resolverse en el plazo de seis meses, el ministro ponente deberá justificar ante el Tribunal de Disciplina las razones del retraso.
La justicia que no es pronta y expedita, no es justicia”, subrayó Ortiz Ahlf, al recordar que en épocas anteriores algunos asuntos llegaron a tardar más de una década en resolverse, en perjuicio de empresarios, extranjeros y población vulnerable.
Ortiz Ahlf reconoció que, tras la reducción de once a nueve ministros, el presupuesto asignado a cada ponencia sufrió ajustes mínimos. No obstante, señaló que cada ministro tiene la responsabilidad directa de integrar equipos de trabajo sólidos y preparados.
En su caso, aseguró haber conformado un grupo de profesionales altamente capacitados, con posgrados y experiencia en la redacción de sentencias, requisito indispensable en su ponencia.
No contrato por recomendaciones ni compromisos personales. Mi responsabilidad es que los asuntos salgan en tiempo y forma, porque es mi firma la que está en juego”, afirmó Loretta Ortiz.
Tribunal de Disciplina, garante del cumplimiento
Finalmente, la ministra recordó que cualquier ciudadano podrá acudir al
Tribunal de Disciplina
para denunciar incumplimientos en los plazos de resolución. “La responsabilidad no es menor. Lo que se requiere es gente capaz y comprometida con la justicia”, concluyó.
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