Los juzgadores federales, por su parte, solicitan que el alto tribunal analice si la destitución de todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas y, consecuentemente, elegir nuevos titulares mediante voto popular también vulnera la división de poderes y la autonomía judicial.

Los acuerdos, de fecha del 18 de septiembre y publicado hasta hoy, establecen que las tres solicitudes fueron turnados a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

El pasado 13 de septiembre se aceptó otra consulta que fue turnada a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Mediante una tarjeta informativa, la Suprema Corte aclaró que el sentido de las consultas no es impugnar la reforma judicial, sino conocer si se puede revisar la constitucionalidad de la reforma o del procedimiento legislativo que llevó a su aprobación.

Al no existir un procedimiento establecido, la ministra presidenta Norma Piña Hernández puso a consulta de los ministros el trámite a seguir en caso de recibir las eventuales impugnaciones.

Los juzgadores federales consideran que existe una posible violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial a raíz de los lineamientos que contiene la reforma judicial. Entre estos, se encuentra el cambio en la composición de la Suprema Corte, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y la total renovación de jueces y magistrados federales para que sean electos unos nuevos a través de elecciones.