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Los enfrentamientos en Sudán continúan agravándose, mientras la comunidad internacional intensifica esfuerzos diplomáticos para detener la violencia. Desde hace más de dos años, el país enfrenta una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas paramilitares RSF, que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

Líderes de diversas regiones se han reunido para buscar una solución. Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos presentaron una propuesta para lograr una tregua humanitaria de tres meses y avanzar hacia un cese al fuego permanente.

Además, se busca una transición política que permita instaurar un gobierno civil en un plazo no mayor a nueve meses. Esta propuesta es vista como la mejor oportunidad para frenar la violencia, aunque enfrenta resistencia de ambos bandos.

Organizaciones africanas también han hecho un llamado urgente para que se reanuden las negociaciones. Señalan que es fundamental que todos los sectores de la sociedad sudanesa participen en un diálogo incluyente y transparente.

El Primer Ministro de transición ha tenido participación directa en las conversaciones, mientras que líderes internacionales denuncian crímenes cometidos por las RSF en regiones como Darfur, donde la situación es especialmente crítica.

Más de 13 millones de personas han sido desplazadas dentro del país, y cerca de 2 millones han cruzado hacia Chad, lo que ha puesto presión en la infraestructura de los países vecinos.

La situación humanitaria es alarmante: muchas personas no tienen acceso a alimentos, atención médica ni agua potable. Las organizaciones de ayuda enfrentan dificultades para ingresar a las zonas afectadas por los combates.

Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz es la desconfianza entre los grupos armados. Las constantes violaciones a acuerdos anteriores han debilitado la credibilidad de los procesos de diálogo.

Aun así, hay optimismo moderado por la participación de actores internacionales en las nuevas negociaciones. El objetivo es garantizar un marco de seguridad y justicia que permita reconstruir el país.

El gran reto será cumplir los plazos propuestos, garantizar protección para los desplazados, y evitar que el conflicto se prolongue o se complique con intervenciones externas.