Reconoció que fue presionado
En un abrir y cerrar de ojos, el juez Samuel Uriel Rodríguez Mendoza se amparó ante la justicia federal para evitar las posibles sanciones que el Poder Judicial le podría imponer por las faltas graves y no graves que cometió al vincular a proceso a la ahora gobernadora Maru Campos Galván. La Unidad de Investigación y Responsabilidad Administrativa (UIRA) determinó que Rodríguez Mendoza violó la Ley Orgánica del Poder Judicial al aceptar y ejercer presiones y encargos que atentan contra la independencia.
En una entrevista , el juez reconoció haber sido presionado por el exgobernador Javier Corral para vincular a proceso a Campos Galván y a los exdiputados Rodrigo de la Rosa y María Ávila. Ante esta situación, el juez decidió buscar la protección de la justicia federal para evitar sanciones que podrían incluir la suspensión de sus funciones o la reducción de su salario. Este caso es un claro ejemplo de la necesidad de fortalecer la independencia y la imparcialidad de la función judicial para garantizar el Estado de derecho en nuestro país.
Zacatito pal Conejo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará a la frontera para enfrentar la crisis migratoria que ha dejado 39 muertos y 28 heridos. La visita del mandatario está siendo custodiada por elementos del Ejército y se han preparado vallas para blindar los accesos donde se llevarán a cabo los eventos. Se presume que habrá protestas por parte de migrantes y activistas molestos por los hechos ocurridos en el Instituto Nacional de Migración.
Por otra parte, se ha informado que no habrá acreditación para medios ni invitaciones especiales para la visita del presidente. Este lamentable suceso ha demostrado la falta de capacidad del gobierno para atender la crisis migratoria que se vive en la frontera, y ha generado un clima de tensión en la región. Se espera que el presidente presente soluciones concretas y acciones inmediatas para evitar futuras tragedias.
Deficiente transporte
El sector del transporte público en el estado se encuentra nuevamente en la incertidumbre, luego de que se pospusiera la sesión del Consejo Consultivo de Transporte, en la que se daría a conocer la nueva tarifa del servicio. Los concesionarios mostraron su sorpresa ante la decisión, señalando que no se les notificó de manera clara el motivo de la cancelación ni se les dio una nueva fecha para la reunión. La incertidumbre aumenta en un sector que ha sido duramente afectado por la pandemia y que espera una definición sobre los nuevos precios que cobrarán a partir del mes de abril.
Mientras tanto, los usuarios del transporte público continúan enfrentando tarifas altas y un servicio deficiente, situación que se agrava con la falta de información clara y oportuna por parte de las autoridades. El gobierno del estado debe actuar con transparencia y responsabilidad en este tema, garantizando un transporte público de calidad y precios justos para la población.
El empeyotado
El diputado Oscar Castrejón ha propuesto una iniciativa para reducir el costo del transporte público a $7 mediante el subsidio estatal, pero la legisladora Andrés Flores presentó una moción para enviar el asunto a la comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, la cual ella encabeza. La mayoría de los legisladores apoyaron la moción, lo que significa que la comisión se encargará de analizar el tema y determinar las conclusiones.
Durante el debate, Castrejón Rivas comparó el transporte público en México con el de otros países, y señaló que en algunos lugares es gratuito. Sin embargo, la legisladora Flores indicó que la economía del estado no es comparable a la de otros países. Después de la votación, el diputado Daniel Avitia Arellanes expresó la necesidad de que los autobuses cumplan con sus horarios establecidos y hagan su recorrido sin interrupciones, además de que se realice una supervisión adecuada del transporte.
