Esta semana, la inseguridad ha vuelto a cobrar un terrible protagonismo, manifestándose en un funeral convertido en una verdadera masacre. Entre las víctimas mortales, se cuenta un inocente niño, una víctima más de la violencia desatada que asola nuestras calles. Sin embargo, más allá de las condenas y lamentos, es imperativo analizar la profunda soledad en la que parece debatirse el Estado para abordar esta problemática. No se trata solo de recursos materiales o humanos extraordinarios, sino de una estrategia integral que hasta el momento no se vislumbra.
En otro frente, la frontera enfrenta una crisis sin precedentes. Si el año pasado fue marzo el mes más sangriento, este se perfila para superarlo, con un panorama sombrío que no da tregua. La constante llegada de migrantes y la entrada de grupos delictivos que infestan casi todas las actividades productivas, sumado al retorno del suministro de combustible por los ductos de Pemex y el aumento en la distribución de fentanilo por esa ruta, conforman un escenario desalentador. Y en medio de esta vorágine, las elecciones añaden un componente de incertidumbre, planteando interrogantes sobre el futuro de una región sumida en el caos.
En el Estado de Chihuahua, la falta de programas integrales para la prevención, atención y rehabilitación de la farmacodependencia en los Centros de Reinserción Social es alarmante. El reciente informe revela que, a pesar de que el 18 por ciento de las 474 mujeres encuestadas admitieron consumir alguna droga, no existe un enfoque adecuado para abordar este problema. Los datos muestran que el 27 por ciento ingresó sin adicciones, mientras que el 26 por ciento consumía drogas, el 24 por ciento cigarrillos, y el 21 por ciento enfrentaba problemas con el alcohol.
En este sombrío escenario, la mayoría de las mujeres encarceladas por delitos contra la salud han sido detenidas con cantidades de droga que superan los límites legales. Algunas de ellas son primerizas en actividades delictivas, mientras que otras han sido condenadas por transportar drogas, enfrentando penas equiparables a las de narcotraficantes. En casos de secuestros, las penas máximas se otorgan, alcanzando hasta 80 años o acumulación de sentencias. Cabe destacar que, a menudo, estas mujeres enfrentan condenas más duras que sus parejas, y el diagnóstico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos revela que Chihuahua tiene una preocupante incidencia de delitos de drogas entre su población penitenciaria femenil. La falta de programas efectivos para abordar las adicciones y la violencia deja a estas mujeres en un estado de desamparo, exigiendo una respuesta urgente por parte de las autoridades.
El presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, ha levantado la voz ante la alarmante escalada de violencia que ha sacudido al país, especialmente tras la reciente ejecución de seis personas durante un funeral en Ciudad Juárez. Carrejo Orozco, destacando la importancia de una respuesta coordinada entre las autoridades, enfatizó la necesidad de evitar la impunidad en casos tan impactantes, que no solo amenazan las inversiones, sino que también deterioran la percepción de seguridad a nivel nacional y estatal.
El llamado del líder patronal apunta a una mayor presencia policial en las calles, respaldada por elementos bien equipados y capacitados, como una medida esencial para mejorar la seguridad. Carrejo Orozco subrayó la importancia de un enfoque integral que involucre a todos los niveles de gobierno y al Poder Judicial, destacando que la impunidad solo sirve para alimentar los incentivos de los delincuentes. La masacre en Ciudad Juárez ha sido un duro recordatorio de la urgente necesidad de acciones concertadas para combatir la violencia que asola a la ciudad fronteriza, marcando un triste hito como el día más violento del año hasta el momento.