¿No que no hay preferencia por los empresarios? El Gobierno Municipal suele presumir que su prioridad son los que menos tienen, que primero están las causas sociales, los apoyos y las necesidades de quienes batallan todos los días. Muy humanista todo. Pero cuando aparecen 18 millones de pesos sobre la mesa, cortesía de Alsuper, parece que también hay tiempo para atender las prioridades del sector privado.
Ahora resulta que una calle pública, la Bustamante, entre Universidad y 21, puede pasar a manos de un proyecto comercial por poco más de 18 millones de pesos. Y claro, técnicamente todo está en orden, hay dictámenes, estudios y hasta argumentos de movilidad. Faltaba más.
La pregunta no es si Alsuper tiene derecho a hacer negocios. Por supuesto. La pregunta es por qué, cuando se trata de una empresa, el Ayuntamiento encuentra la manera de acomodar las piezas; mientras para otras necesidades de la ciudad siempre aparece el clásico “no hay presupuesto”.
Eso sí, que nadie diga que hay preferencias por los empresarios. Aquí todos son iguales… aunque unos lleguen con un proyecto comercial y 18 millones bajo el brazo.
Lo ocurrido en plena Plaza de Armas, a unos pasos de la Catedral Metropolitana, deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué tan segura es realmente la zona que se presume como la más vigilada no solo de la ciudad, sino de todo el municipio? A plena luz del día y frente a decenas de personas, un trabajador de Mantenimiento Urbano fue atacado con un hacha mientras caminaba después de terminar su jornada. El golpe le provocó una grave lesión en la cabeza y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. El presunto responsable, identificado como Juan Manuel Ch.G., de 46 años, fue detenido por agentes municipales.
Y aquí viene el pequeño, pero enorme detalle: ¿quién fregados camina con un machete o un arma de ese tipo por el primer cuadro de la ciudad y nadie lo detecta? Porque si esa zona es considerada la más segura, con vigilancia permanente y policías prácticamente a la vista, habría que preguntar dónde estaban cuando un individuo armado se desplazaba tranquilamente por el corazón de Chihuahua. El ataque no ocurrió de madrugada ni en una colonia apartada: sucedió en pleno centro, de día y frente a testigos. Más allá de la detención posterior, el caso vuelve a poner sobre la mesa la efectividad de la vigilancia preventiva y esa vieja pregunta que siempre aparece después de una tragedia: ¿tenía que ocurrir primero para que alguien se diera cuenta?
El caso de la Fiscalía y el negocio de elotes “El Socio” deja un detalle que no debería pasar desapercibido: de acuerdo con la autoridad, los agentes acudieron dos o tres veces a solicitar las grabaciones relacionadas con la investigación por el presunto secuestro de una adolescente, pero los responsables del establecimiento se negaron a entregarlas. La Fiscalía tuvo entonces que acudir ante un juez para obtener una orden que permitiera asegurar los videos. Y aquí viene lo interesante: si un negocio cuenta con cámaras de seguridad y esas imágenes pueden ser fundamentales para esclarecer un delito, ¿qué pasa cuando simplemente dicen que no las entregan? Porque una cosa es que la autoridad solicite colaboración y otra muy distinta que un establecimiento pueda convertirse en una especie de bóveda privada donde las evidencias aparecen o desaparecen según la voluntad del propietario.
Por lo menos, ante una situación así, debería existir un procedimiento claro y contundente: si un negocio se niega a entregar grabaciones requeridas por la autoridad dentro de una investigación, que se le gire un documento formal y, si persiste la negativa, se le clausure el changarro, respetando desde luego el procedimiento legal correspondiente. No se trata de declarar culpable a nadie ni de asumir que quien no entrega un video está ocultando algo; se trata de que las cámaras de un establecimiento pueden contener evidencia crucial y no deberían quedar sujetas simplemente a la decisión del dueño o encargado. En este caso, la Fiscalía terminó recurriendo a un juez para conseguir las grabaciones, pero el episodio abre una discusión necesaria: cuando está de por medio la investigación de un posible delito.
