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¡Qué barbaridáaa!, como dirían las abuelas con justa razón. Las imágenes que llegaron a esta redacción no dejan lugar a dudas: hay empresarios de billete largo que se metieron hasta la cocina en este experimento electoral llamado «elección piloto». Se trata de personajes bien entacuchados pero con alma de mapache, empaquetando sobrecitos llenos de efectivo para repartirlos el mismísimo domingo en colonias de escasos recursos, todo con tal de asegurar votos para sus candidatos favoritos, esos que casualmente son afines a la 4T. Los morenistas no se tentaron el corazón y se dejaron ver como lo que son: operadores políticos con dinero ajeno y cero pudor, apostándole al poder para después cobrar el favor desde las oficinas públicas.
Y claro, si todo sale bien para ellos, el retorno de inversión está garantizado: contratos, privilegios y, si se necesita, llamadas estratégicas a jueces «cuates» para que no se les tuerza el negocio. Así estuvo esta elección de ensayo, donde el voto libre valió menos que un combo en la tienda, y el interés empresarial se disfrazó de activismo político. Pero lo bueno apenas empieza: vienen las impugnaciones, los dimes y diretes, y la guerra de papel entre abogansters y jueces a modo. Agárrese, porque si esto fue el simulacro, el incendio real promete arrasar con todo.
¡Prohibido y aún así lo hizo! En pleno día de la elección para designar magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, el aspirante Juan Pablo Delgado Rentería decidió jugar con fuego: envió propaganda electoral desde su cuenta de WhatsApp empresarial, pidiendo abiertamente el voto a su favor. Las imágenes lo muestran promoviendo el número 39, usando frases como “Vota este 1º de junio” y con gráficos casi idénticos a la boleta oficial, en una clara violación a la normativa electoral que prohíbe expresamente cualquier tipo de proselitismo durante la jornada.
¿Así quiere llegar a magistrado? Quien aspira a impartir justicia no puede andar brincándose la ley a la primera oportunidad. Lo que hizo Delgado Rentería no solo es una falta ética grave, también podría derivar en sanciones si la autoridad electoral se atreve a actuar. La ciudadanía merece procesos limpios, no trampas disfrazadas de campañas “inocentes”; y si alguien no respeta la legalidad desde el inicio, mucho menos lo hará con la toga puesta.
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